NO estamos teniendo mucho éxito últimamente. Entre que no aceptamos las reformas ineludibles si no es a la fuerza y que el sector bancario no tiene más remedio que revelar sus vergüenzas, la percepción exterior de España ha ido empeorando continuamente, a pesar del esfuerzo del Gobierno en afrontar la situación, abordar reformas y explicar, con poca fortuna, sus planteamientos.

No es casual que una agencia de calificación, tan malévolas como se quiera, nos haya rebajado esta semana a la categoría BBB, basándose en el empeoramiento de las perspectivas de la economía española, en el impacto fiscal de los nuevos apoyos al sector bancario y en la mayor probabilidad de rescate de la economía española. No es tampoco una casualidad que nuestra prima de riesgo haya alcanzado ayer viernes casi 500 puntos básicos respecto al bono alemán.

Y aquí hay que hacer un inciso ¿Qué hace el Fondo de Reserva de la Seguridad Social invirtiendo en títulos con esa calificación tan baja, cuando sus reglas de inversión exigen títulos de la máxima calidad? Todo un arte esto de proteger a los pensionistas de un impago invirtiendo lo ahorrado en títulos emitidos por el pagador del que hemos de protegernos.

En esa penosa calificación, como digo, ha sido muy relevante la interminable reestructuración bancaria, cuyo penúltimo episodio ha sido el de aceptarle al nuevo gestor de Bankia que valore sus activos en el peor escenario posible, para cubrirlos con una aportación de 23.000 millones de euros. Usted podrá pensar ¡Así cualquiera! y tendrá toda la razón. Es cierto que una parte de ese importe proviene de las nuevas exigencias de recursos propios que se han establecido recientemente, pero lo más grave del desajuste proviene de haber tratado de crear un campeón a partir de dos entidades en situación muy débil, y una de ellas, la valenciana, un desastre, por mencionar las cosas por su nombre.

Al final de la andadura de las cajas nos encontramos los españoles con que sólo dos entidades cautelosas, Unicaja e Ibercaja; unas entidades enfocadas con criterio en la financiación empresarial, las del País Vasco (no navarro); y una caja catalana, la Caixa, ajena a las injerencias políticas inconvenientes, han sido capaces de sobrevivir a la crisis bancaria sin acudir por vía indirecta al bolsillo de los ciudadanos, que también con toda la razón se estarán preguntando: ¿Para qué sirve un banco al que hay que prestarle dinero? Y ello sin considerar la conducta de algunos administradores, si no ilegal sí claramente inmoral, cuyas indemnizaciones no están muy lejos del valor de la entidad que habían dirigido, como ha sido el caso de las dos cajas gallegas.

No vamos a recuperar las aportaciones que los ciudadanos, vía Estado, estamos haciendo porque las entidades reestructuradas no van a crear suficiente valor para devolverlas a su financiador público o para vender sus acciones a un tercero. Simplemente, el modelo de negocio en el que se han desenvuelto no se va a reproducir y la economía española no va a crecer lo suficiente para absorber el exceso de oferta del sector bancario en el que nos encontramos actualmente. Hemos querido evitar, esperando no se sabe qué milagro, una reconversión como la que vivieron algunos sectores industriales durante los ochenta, pero al final los hechos económicos terminan imponiendo su lógica. Y era contrario a toda lógica tratar de manejar casi la mitad del sector bancario mediante administradores designados por las instituciones políticas, sin accionista ante el que rendir cuentas, y basar buena parte del negocio en una oferta de financiación a corto plazo que parecía ilimitada, desatendiendo una regla básica: la inversión se financia con ahorro, y los plazos de uno y otro no pueden estar tan distantes como los préstamos hipotecarios cuya devolución se demora varias décadas frente a la emisión unos títulos que hay que repagar cada pocos años. Pero, ¿quién ha soportado esto? Ni más ni menos que un sistema institucional que permite que los bancos vivan al borde de la suspensión de pagos, asegurándoles la liquidez necesaria. Cuando se les ha obligado a apartarse del abismo, mediante mayores exigencias de capital, se han revelado las debilidades con toda su crudeza.

Pero éste no es nuestro único problema. Pervive la creencia popular de que el ajuste del déficit debe ser más moderado y que son necesarias políticas de impulso mediante gasto público, a veces aludiendo a las políticas del New Deal de Roosevelt sin haber comprendido que su éxito fue bastante exiguo y en la perspectiva queremos ignorar que lo relevante fue, en realidad, la entrada en la Segunda Guerra Mundial. Los hemos intentado ya y a gran escala, puesto que en 2009 y 2010 aplicamos en promedio más del 2% del PIB a acciones de estímulo, sin resultado alguno. Hemos creado empleo público, más de 230.000 personas desde 2008 y ahora el problema es qué hacemos con él. La cruda realidad es que entre 2000 y 2011 hemos duplicado el gasto público en España y no sabemos ahora cómo contenerlo. Nuestro presupuesto ha tenido tanto de burbuja como la del sector financiero o la del inmobiliario y esto no lo vamos a solucionar con ajustes menores como los que se están produciendo, ni tampoco con la anunciada eliminación de duplicidades y la anunciada nueva Ley de Bases de Régimen Local. El asunto no es definir quién hace algo por parte del Estado, sino redefinir las funciones del Estado. Y no veo que nos estemos atreviendo a hacerlo, por lo cual nos queda un penoso camino por delante apenas atenuado por subidas de impuestos que no sólo sitúan nuestro esfuerzo fiscal entre los más elevados del mundo sino que además están lastrando la recuperación económica.

No creo que nos expulsen del euro con cajas destempladas como se hacía con los militares expulsados con deshonor, aunque es evidente la apuesta de algunos agentes financieros por el fraccionamiento de la moneda única europea -un logro histórico que no apreciamos lo suficiente-, ni creo que se produzca una intervención de España - otra cosa será la ayuda concreta al salvamento de determinados bancos-, pero lo cierto es que nos quedan por delante años muy difíciles y lo peor que podemos hacer es esperar o forzar a que vuelvan los buenos viejos tiempos del crecimiento del gasto público, porque esto no se va a producir. España saldrá de la crisis, pero sólo podrá hacerlo reduciendo el tamaño del Estado y aprovechando al empuje de los españoles, no entorpeciéndolos con cargas fiscales cada vez más improductivas.