NORTE y Sur. Capital del reino y capital de Andalucía. Madrid y Sevilla. Centro derecha e izquierda. PP, IU y PSOE, además de CiU. Partidos y sindicatos. El mismo día se conoce que el juez Ruz confirma la existencia de indicios de una contabilidad B en el PP ("una cierta corriente financiera de cobros y pagos", como se dice con una delicada y poética pero acusadora imprecisión) y que Torrijos dimite como portavoz de IU en el Ayuntamiento, reconociendo que su imputación en dos causas judiciales -la venta de suelos en Mercasevilla y su gestión en la Fundación DeSevilla- podría perjudicar a su partido.

El día antes se sabía que la Audiencia de Sevilla desestimaba el recurso de la Junta de Andalucía, confirmando la imputación de Magdalena Álvarez y criticando la "innecesariedad" de la actuación de la Junta, personada como acusación en el caso de los ERE, pues con este recurso "viene materialmente a realizar labores propias de una defensa". Y también se sabía que la Guardia Civil considera que una de las empresas que servían de tapadera a Juan Lanzas -el llamado "conseguidor de los ERE"- obtenía hasta un 300% de margen de beneficios organizando cursos de formación de UGT.

Nadie se libra. Todo cae. O se tambalea. Partidos de todo signo y sindicatos. Gobiernos nacionales, regionales y locales. La corrupción se ha extendido por toda la nación con una extensión y una gravedad desconocidas en nuestra historia democrática. Desde el yerno del Rey y la infanta al portavoz sevillano de la muy republicana IU, desde los dos grandes partidos nacionales a los partidos regionales como CiU, desde los multimillonarios de derechas como Bárcenas a los sindicatos de izquierdas. Es algo pavoroso y nunca visto. Ni en los peores tiempos del felipismo de Juan Guerra, Filesa, Matesa y Time-Export, Roldán o el GAL.

Porque esta corrupción no parece un accidente sobrevenido a causa de la actuación puntual de uno o varios sinvergüenzas, sino estar incrustada en el sistema e institucionalizada. De la podredumbre de algún político hemos pasado a la de los partidos, y de la de estos a la de las instituciones. Los indicios apuntados por el juez Ruz son gravísimos porque afectarían, no a varios políticos del PP, sino al partido. Lo peor del escándalo de los ERE es que todo va indicando que el mal estaba incrustado en la médula política e institucional de la propia Junta de Andalucía. ¿España está podrida?