UNO de cada cinco jóvenes españoles de entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja. Según las estadísticas, cerca de 800.000 personas en España cumplen esos parámetros, lo que supone más del 22% de ese tramo de población y nos sitúa como uno de los países europeos con una mayor tasa de la denominada juventud ni-ni. Muchos de ellos optaron en los tiempos de bonanza económica por dejar los estudios y enrolarse en empleos en auge por la burbuja inmobiliaria, la gran mayoría vinculados al sector de la construcción. Con la recesión, que dura ya cuatro años, se están quedando descolgados, sin formación para acceder a nuevas oportunidades laborales. Porque aunque el problema de perder toda una generación es europeo y crece poco a poco cada año -en 2008 suponían el 13,9% de los europeos de 18 a 24 años y en 2010 eran ya el 16,5%, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)-, España es uno de los países donde más se manifiesta y se ve agravado porque la mitad de los jóvenes de esas edades está desempleado. España, con un 22,4% de ni-nis, ocupa el quinto puesto de la Unión Europea de esta preocupante clasificación, sólo superada por Letonia (22,5%), Irlanda (24,1%), Italia (24,2%) y Bulgaria (27,8%). Al otro extremo se ubican Holanda (5,9%) y Luxemburgo (6,9%). Estamos pues ante uno de los principales retos que deberá afrontar el nuevo Gobierno para reducir el paro juvenil, pero también para evitar que toda una generación viva de sus padres hasta que puedan vivir de sus hijos: toda una tragedia social. Programas de formación específica ligada a salidas profesionales predeterminadas e incentivos para la contratación de quienes se beneficien de aquéllos son algunas medidas iniciales, pero también una profunda reforma del tejido productivo que evite de nuevo una fuga masiva de jóvenes en periodo de formación a trabajos coyunturales en los que sin formación previa se les emplee en condiciones sólo propias de una sociedad enferma.