LA disposición final primera del nuevo Estatuto de Cataluña establece que "la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat debe concretar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, la aplicación de los preceptos del título VI". El título VI regula la financiación de la Generalitat. El plazo de dos años vencía el 9 de agosto de 2008 y no se ha cumplido, lo que ha producido gran disgusto en el Gobierno de la Generalitat y en CIU. En mi opinión, era muy difícil cumplirlo porque ¿cómo se puede concretar bilateralmente la financiación de la Generalitat al margen de las demás comunidades autónomas? Por otra parte, todavía no se ha aprobado el primer Proyecto de Ley de cesión de impuestos del Estado al que se refieren las disposiciones adicionales octava, novena y décima del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En Cataluña se ha formado un grupo de partidos políticos que presionan al Gobierno para que se apruebe la financiación de la Generalitat de acuerdo con las ideas que le favorecen. El propio Partido Socialista de Cataluña advierte con el riesgo de radicalización y, entre las fórmulas de presión, no se descarta votar en contra los próximos Presupuestos Generales del Estado que tan importantes son siempre y especialmente en época de crisis económica como la que estamos viviendo.

Llama la atención que en el tema de la financiación, las comunidades autónomas no se alineen éstas según las ideas de los partidos políticos que las gobiernan, sino según la conveniencia territorial de las distintas comunidades autónomas. En El País de 4 de agosto se publica el mapa de España, integrado por las distintas Comunidades, en función de sus pretensiones en materia de financiación. Existe un frente noroeste, formado por Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Extremadura y Aragón, que exigen que se reduzca el peso del factor población del 90% al 70/80% y se oponen a limitar la solidaridad. El frente mediterráneo está integrado por Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, para las que la población es fundamental para el reparto de fondos, incluyendo también sobrecostes por inmigración y turismo, y Cataluña quiere que la solidaridad se limite a los gastos de salud, educación y asuntos sociales. El frente sur, integrado por Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, reclaman que la demografía sea el criterio de reparto básico, teniendo en cuenta también el porcentaje de jóvenes en edad escolar y el estado de salud de la población. También se oponen a limitar la solidaridad. Madrid, Canarias, Murcia y La Rioja no están alineadas, y El País Vasco y Navarra tienen su sistema propio de financiación.

El Gobierno está dispuesto a ceder a todas las comunidades autónomas el 50% del IRPF (antes recibían el 33%), el 50% del IVA (antes recibían el 35%) y el 58% de los impuestos especiales (antes recibían el 40%). Estas cesiones figuran en las disposiciones adicionales octava, novena y décima del Estatuto de Cataluña y se otorgarían a todas las Comunidades.

El problema realmente es Cataluña, no solo porque se opone a la fórmula propuesta por el Gobierno, sino también porque a sus pretensiones se oponen la mayoría de las comunidades autónomas. También, porque el Estatuto de Cataluña está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, por el Partido Popular y por varias comunidades autónomas, siendo el sistema de financiación objeto especial de los recursos. Son recursos largos y complejos y es lástima que todavía no hayan sido resueltos.

Espero y deseo que se resuelva el problema como siempre se ha resuelto en pasadas ocasiones y que se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 porque, en cualquier circunstancia, hay fórmulas para sacarlos adelante.

Para terminar, quiero referirme a dos espacios políticos, uno superior al de España y otro inferior al de nuestras comunidades autónomas. Uno, el de la Unión Europea; otro, el de los Ayuntamientos españoles. En la Unión Europea se distribuyen periódicamente grandes fondos a 27 Estados de economías muy diferenciadas, con lenguas distintas y con niveles sociales muy desiguales, lo que puede servir de ejemplo. Nuestros Ayuntamientos, que también tienen autonomía garantizada por la Constitución, llevan años esperando la reforma de las Haciendas locales que nunca llega.