La esquina

Gastar menos

SALGADO y Corbacho, vicepresidenta de Economía y ministro de (la falta de) Trabajo, han empleado las últimas horas en matizar el plan de reforma del sistema de pensiones lanzado por Zapatero: es un punto de partida para negociar con los grupos parlamentarios y agentes sociales. Eso quiere decir que el sentido de la reforma -el recorte- es claro e irrenunciable, pero su concreción está abierta. Puede ser menos drástica y puede haber colectivos laborales que no se vean afectados.

La reforma se hará, de todos modos, y no tengo ninguna duda de que un gobierno del Partido Popular también la haría, por más que ahora no quiera darle a Zapatero el mínimo respiro de decir que ha acertado. Pero el impacto de anunciarla a bote pronto y dando un giro radical a la política mantenida -aparte de que las pensiones nos importan a todos- ha creado tal polémica que ha hecho pasar desapercibido otro gran cambio gubernamental: un programa de austeridad en el gasto público que contrasta con las alegrías presupuestarias anteriores. Ya no se puede seguir ni un minuto más creyéndonos más ricos de lo que somos.

El ahorro es imprescindible para cuadrar las cuentas públicas, para que no siga engordando un déficit público que ya supera el 11% del PIB y que ha de quedar en el 3% dentro de cuatro años y para que nos tomen por serios y cumplidores en los mercados internacionales donde tenemos que emitir deuda y renegociar la existente (es fácil de entender: a menos solvencia, más intereses se pagan).

Ahora bien, ¿cómo vamos a ahorrar 50.000 millones de euros, que es la cifra cerrada por el Gobierno? La doble previsión gubernamental, 40.000 millones de su propio gasto como Administración central y 10.000 de las comunidades autónomas y ayuntamientos, presenta serias dificultades. Dado que el dinero para sanidad, educación, dependencia y pensiones es intocable, el margen de maniobra queda reducido a reducir el número de funcionarios, reponiendo pocas vacantes, y congelar sus salarios, así como eliminar organismos y empresas públicas. El Gobierno no ha predicado con el ejemplo, como habría ocurrido si llega a acompañar el anuncio de su programa de ahorro con la supresión de dos o tres ministerios inútiles que actualmente existen por capricho ideológico de su presidente.

El gasto autonómico y local tampoco es de fácil control. El déficit de las autonomías y los ayuntamientos superó lo pactado en 2009 y para 2010 ya hay cuatro comunidades que han presupuestado un saldo negativo superior y otras seis que prevén aumentar sus gastos no financieros. Y de momento no hay un mecanismo coercitivo del Gobierno para obligar a unas y a otros. De ahí mi escepticismo.

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