Palabra en el tiempo

Alejandro V. García

Gitanos ante Europa

NO es una trifulca superficial la que están manteniendo, a propósito de las expulsión de Francia de los gitanos rumanos, el Gobierno de Sarkozy y la responsable de Justicia de la Comisión Europea, Viviane Reding. Entre otras cosas, se está probando la autoridad real de la Unión Europea para impedir que sus socios conculquen un principio tan básico en democracia como la no discriminación por raza, religión o nacionalidad, además de otros derechos comunitarios como el de la libre circulación. Incluso a los más europeístas nos ha asaltado la duda sobre la verdadera utilidad de la Unión Europea y de sus órganos de representación, en particular en los asuntos financieros. Pero hemos despejado esas inquietudes contraponiéndolas con otros aspectos donde la Europa unida sí es una garantía sólida y conveniente, como el relativo al control de los derechos de sus ciudadanos y el respeto escrupuloso de las normas de convivencia establecidas en las cartas internacionales. Sólo por esta función arbitral, de carácter político y por supuesto ético, está más que justificada la existencia del gigantesco entramado de supervisión administrativo de Bruselas y Estrasburgo.

Sin embargo, siempre me he preguntado si cuando un país fuera amonestado y puesto en evidencia ante la comunidad internacional por no respetar los derechos personales sería capaz de morderse el orgullo y aceptar su error. ¿Tendrá la Unión Europea autoridad suficiente como para enfrentarse abiertamente a uno de sus socios y conseguir que rectifique? La repuesta a estas dos importantes cuestiones (el acatamiento de la superioridad arbitral de la UE y la capacidad de los órganos europeos de mantener sus posiciones) es lo que está en juego en el altercado sobre la expulsión de gitanos. O lo que es lo mismo, la eficiencia y la aptitud de la unión. Porque si los socios no acatan la disciplina y los órganos de control no la imponen podemos prescindir de ella.

Por ahora, en el pulso entre la terquedad de Sarkozy -que defiende con malas artes que no estamos ante la expulsión de una etnia sino un ante un conjunto de deportaciones individuales- y la firmeza de la comisaria Reding en exigir una rectificación de la política migratoria francesa, se mantiene equilibrado. Pero uno deberá prevalecer sobre el otro. El orgullo francés y las apelaciones a la Revolución Francesa que ha hecho el secretario de Asuntos Europeos de Francia, Pierre Lellouche, no resuelven nada del caso concreto de los gitanos rumanos. Ni la historia ni el pasado glorioso son argumentos de autoridad para justificar los desaciertos de hoy. La gran Francia también inventó Vichy y ahora debe evitar que se repitan sus métodos.

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