La tribuna

José Eduardo Muñoz Negro

Gitanos, ¿ciudadanos de segunda?

LA población gitana, entre 10 y 12 millones de habitantes, constituye la minoría étnica más importante en la UE, estando presente en todos los estados miembros. Aunque hay diferencias importantes entre los distintos países que componen la UE -en algunos, como España, forman mayoritariamente parte de la clase media-, su situación social es en general mala. Sobre todo en muchos países del Este europeo. En un contexto social y cultural marcado por el debate sobre cuestiones como la diversidad social y cultural, la integración de las minorías o el diálogo intercultural o interreligioso, resulta como mínimo chocante el escaso o nulo papel que esta importante minoría juega en el debate público y social. Frecuentemente son vistos más como inmigrantes, que como ciudadanos de pleno derecho de la UE, lo que son realmente.

Ese déficit representativo y de reconocimiento, esa invisibilidad social, sólo se ve alterada por la aparición de sucesos y noticias en los medios de comunicación social, que ponen el foco en los avatares de una comunidad que está lejos de ser una minoría integrada y reconocida, social, cultural, política y económicamente. Hay muy pocas noticias positivas sobre ellos. Son sin duda un grupo estigmatizado y en desventaja. El Comité para los Derechos humanos del Consejo de Europa, en su informe del 26 de febrero, señala la profunda discriminación y rechazo sufrido desde hace siglos, basado en prejuicios profundamente asentados. Asimismo, este informe llama la atención sobre situaciones de discriminación sufridas en distintos países de Europa. Destaca su extremada vulnerabilidad a ser tratados como chivo expiatorio en un contexto de crisis económica como el actual y advierte que esta situación es "una reminiscencia de las horas más oscuras de la historia de Europa". Este último aspecto, el recuerdo del holocausto, también ha sido evocado críticamente desde otras instancias, como el Vaticano. Esta utilización del malestar, la angustia y la frustración social y su desplazamiento sobre minorías a las que se culpa de determinados males sociales, desviando la atención sobre las verdaderas causas de ese malestar, constituye el combustible ideológico de la extrema derecha.

Actualmente los gitanos son noticia en Francia, como antes lo fueron en Italia. Los campamentos y asentamientos ilegales están siendo desmantelados y sus pobladores están siendo repatriados desde Francia a sus países de origen. El gobierno alega que la medida es legal, las repatriaciones voluntarias y que se trata de personas que llevan más de tres meses sin trabajar, por lo que no tienen derecho a permanecer en su territorio. Llueven las críticas, desde izquierda a derecha, desde organizaciones de derechos humanos a la Iglesia francesa, la Comisión Europea o la ONU. La existencia de este tipo de asentamientos, sin condiciones de habitabilidad y salubridad, no son la expresión de ninguna peculiaridad cultural, sino un claro signo de exclusión social. Constituyen el precario intento de una comunidad con pocos instrumentos sociales, políticos, económicos y educativos para situarse en el seno de la sociedad.

Los argumentos basados en "la seguridad" no pueden obviar el hecho de que los primeros afectados por esa inseguridad son los mismos habitantes de esos campamentos. Si en esos campamentos, o en cualquier otro lugar, hay delincuentes, se les debe aplicar la ley como a cualquier otra persona, pero no se puede criminalizar a un grupo social o a una comunidad entera. Lo que no es sostenible ni defendible es tratar una situación de exclusión social con mecanismos propios de política interior y de seguridad. Este tipo de actuaciones no sólo no resuelven nada -¿qué quieren realmente resolver?-, sino que agravan los problemas, ya que perpetúan la marginación y el estigma, cerrando el círculo vicioso de marginación, ilegalidad y exclusión social. Son medidas cortoplacistas que buscan crear la sensación de que "se está haciendo algo para atajar el problema". La cuestión estriba en definir adecuadamente los términos del "problema", porque la sustitución del debate de la lucha contra la exclusión social por el debate de la seguridad ya sabemos a dónde conduce.

Necesitamos desarrollar políticas de integración efectivas. Estas políticas tienen que abordar de un modo integral y coordinado cuestiones como la mediación cultural, la vivienda, el empleo, la salud y la educación. Y deben convertir a sus destinatarios en los responsables de su propio desarrollo, posibilitando el reconocimiento cultural y social. Aunque el problema tiene una dimensión europea, las soluciones siguen siendo nacionales, van detrás de los hechos. No obstante, no carecemos del saber hacer, de los conocimientos y las experiencias que las posibiliten. Es cuestión de priorización política y económica. En otras palabras, voluntad y dinero. Sin duda, merece la pena.

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