LA práctica totalidad de los análisis posteriores a las elecciones del pasado mes de noviembre atribuyeron la contundente victoria del Partido Popular a la crisis económica, lo que lleva a considerar que la encomienda fundamental de los votantes a Mariano Rajoy y a su Gabinete es que saque cuanto antes al país de la profunda depresión en que se encuentra desde hace ya más de tres años. También coincidieron los análisis en destacar que todavía más grandioso fue el batacazo electoral socialista, del que se benefició la práctica totalidad del resto del espectro político, pero sobre todo el PP, que consiguió arrebatarle, según algunos, alrededor de 1,2 millones de votos. Un tercer punto de coincidencia es que la campaña de los populares fue más inteligente, aunque también mucho más fácil porque no estaban obligados a caminar contra el viento. Rajoy pudo sortear todas las situaciones comprometidas sin necesidad de apuestas arriesgadas, como reiteradamente intentó forzar su principal contrincante, aunque no pudo evitar el pronunciamiento sobre algunos de los ejes fundamentales de su política económica, como el rechazo frontal al aumento de la presión fiscal en una situación como la actual. Sería una mezquindad, venía a decir, pretender que un sector privado exhausto, sin financiación y rodeado de morosos tuviese que hacer frente a la factura de los excesos de un sector público imprudente y manirroto.

La expectación en torno al momento en que el gobierno mostrase sus cartas para hacer frente a la crisis exigía una puesta en escena de cierta espectacularidad para evitar la decepción, que finalmente no se produjo. El paquete de medidas presentado por la vicepresidenta vuelve a buscar las soluciones a los problemas financieros del Estado por el lado de los ingresos, dejando en fase de estudio el detalle de los ajustes y de las reformas en el sector público. Aplazaba la comunicación de los recortes más cuantiosos, alegando que unos se están estudiando y otros se negociarían en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero se aprobó una inmediata subida de impuestos y el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal, del que se esperan obtener unos resultados verdaderamente espectaculares. Obligado a defenderse de las acusaciones de "engaño electoral" por parte de la oposición, el gobierno se escuda tras el descubrimiento de un déficit oculto en las administraciones públicas de unos 20.000 millones de euros que exigen una respuesta inmediata para evitar el riesgo de una caída en picado de la reputación del país y sus posibles costes. No resultan muy convincentes las excusas, sobre todo porque ya habían transcurrido bastantes meses desde que la OCDE anunciara que España no podría cumplir sus compromisos de déficit durante 2011 y de que lo ratificara la propia Comisión Europea. Así que para muchos no se ha tratado más que de un nuevo episodio de la acomodaticia conciencia política de los partidos que a mediados del pasado siglo denunciara Schumpeter, cuando señalaba que los partidos formulan sus políticas pensando en ganar las elecciones, en lugar de ganar las elecciones con la intención de aplicar las políticas que consideran más convenientes.

El dilema del PP es que tiene que gestionar el apoyo recibido de todos sus votantes, pero especialmente de los 1,2 millones de votantes racionales supuestamente ganados al PSOE, de los que depende su mantenimiento en el poder. El primer problema es la adopción de las medidas impopulares, pero imprescindibles, que los políticos siempre tratan de evitar por sus elevados costes electorales, pero que en todo caso siempre es preferible tomar al comienzo del ciclo. Es de suponer que el PP es perfectamente consciente de que si evita estas medidas o demora su adopción perderá de inmediato el apoyo del votante racional y sus expectativas electorales comenzarán a decaer, pero también sabe que si consigue resolver el problema desaparecerá el motivo por el que fue elegido y la principal razón del apoyo recibido. Pensemos en dos políticos, uno particularmente capacitado para resolver un conflicto de carácter bélico y otro para la administración de programas de desarrollo social en tiempos de paz. Si el país se enfrenta a una amenaza militar, el electorado racional preferirá al primero, pero si éste es tan eficaz como se esperaba y consigue devolver la paz al país, lo más probable es que pierda las siguientes elecciones. La conclusión es bastante decepcionante porque implica que el político experto en la resolución de conflictos no tiene incentivos para resolverlos. Por otra parte, podría deducirse de todo lo anterior que el voto racional en España tendería a desplazarse hacia la derecha del espectro político en tiempos de crisis y hacia la izquierda en tiempos de bonanza y estabilidad, lo que permitiría concluir que el PSOE equivocó su estrategia electoral al proclamarse como el partido mejor capacitado para la administración del bienestar, ignorando el contexto de crisis. También sería probable que el PP se equivocase si insistiera en agrandar su imagen de partido capacitado para la resolución de conflictos, olvidando que la volatilidad del votante racional puede terminar por desplazarle del poder, si considera que otras opciones políticas están más cualificadas para la administración de las situaciones de estabilidad.