ENTRAMOS en la recta final de la nueva financiación autonómica, con las espadas en alto. Cataluña se moviliza, para sacar el máximo: se siente discriminada en el conjunto de España porque paga demasiado según sus cuentas, que compara con las vascas. Con el argumento constitucional de los derechos históricos y el coyuntural de la debilidad de los gobiernos en minoría de González, Aznar o Zapatero, los nacionalistas vascos han apañado un cupo por el que liquidan al Estado 1.400 millones de euros al año, por toda aportación fiscal. Varias veces menos de lo que pagarían con el régimen general. Con ese precedente, los catalanes rabian, con razón. El nuevo Estatuto catalán establece que las inversiones estatales se harán en función del PIB regional. El aumento por ese capítulo, y la menor contribución que les consiga la nueva financiación autonómica que se cerrará en unas semanas, deben mejorar el déficit fiscal catalán en varios miles de millones de euros.

En paralelo a la batalla presupuestaria, se abren nuevos frentes. La Vanguardia titulaba el sábado, en su sección de Economía: "El Ministerio de Fomento penaliza a las constructoras catalanas". Resulta que las tres primeras constructoras andaluzas, Sando, Azvi y Vera, recibieron entre 2005 y 2007 un porcentaje de adjudicación de obras de Fomento superior a la cuota de mercado que tienen. Y eso ha perjudicado a tres empresas catalanas: Comsa, Copcisa y Copisa. El periódico no olvida citar que la ministra del ramo era la andaluza Magdalena Álvarez. Un recado al nuevo ministro, para que enmiende el agravio. Entre 2004 y 2007 las tres catalanas recibieron 1.465 millones y las tres andaluzas 1.318, o sea, 147 millones menos.

Me pregunto si no será que unas son más competitivas que otras. Hay varias posibilidades, pero ésa es una de ellas. La Unión Europea prohíbe expresamente la adjudicación por cuotas en los concursos públicos, que se hacen con dos criterios, técnico y económico, con un baremo ponderado para cada uno de ellos que oscila entre el 50/50 y el 70/30. Los informes los hacen funcionarios y la apertura de las ofertas es pública: quien ofrece más calidad a mejor precio se queda con la obra. Si las inversiones del Estado se hacen según el PIB y las adjudicaciones públicas en función de la cuota de mercado, consolidaremos situaciones de privilegio. Ya sólo falta que saquemos al campo de batalla los déficits comerciales. Cataluña se beneficia de un mercado interior español sin barreras arancelarias en el que tiene un predominio industrial y de servicios. Pero sin sus estupendos clientes andaluces, extremeños, castellanos, etcétera, su riqueza se reduciría trágicamente. Cuidado con las guerras de regiones.