UNA vez más reaparece el pendulazo como seña de identidad de nuestro comportamiento colectivo. De cerrar los ojos ante el maltrato sistemático de algunos padres a sus hijos, como si fueran de su propiedad, hemos pasado a la sobreprotección irracional a la infancia, más allá del derecho paternal -y también del deber- a la corrección de las conductas inapropiadas de las criaturas.

Un juzgado penal de Jaén ha condenado a una vecina de Pozo Alcón a 45 días de prisión y a un año de alejamiento de su hijo por haberle golpeado en el transcurso de una riña familiar. La mujer comenzó a reñir al niño -de diez años y con un carácter conflictivo, según la sentencia- por no haber hecho los deberes escolares, el crío le tiró una zapatilla y se escondió en el cuarto de baño, en donde la madre forcejeó con él, le agarró por el cuello y le dio una bofetada. La mala suerte hizo que el chaval se golpease con el lavabo y sangrase por la nariz. Las huellas de la agresión fueron detectadas por un profesor en el colegio, que cursó la correspondiente denuncia.

Esta condena no se entiende más que en el contexto de la corrección política que nos invade, que es el reverso de la injusta situación anterior, cuando se consideraba normal el apaleamiento de los niños por sus padres a condición de que ocurriera dentro del hogar, territorio exento en el que estaba permitida la esclavización y la dictadura de los adultos. Hoy estamos en el extremo contrario: una reforma, presuntamente progresista, del Código Civil anuló la posibilidad de que los padres corrijan "moderada y razonablemente" a sus hijos y puso el énfasis en el respeto a la integridad física y psicológica de éstos.

Es un énfasis plenamente suscribible, pero que si no se aplica atendiendo a las circunstancias de cada caso conduce al disparate. El maltrato está prohibido, y así debe seguir. Ahora bien, la sentencia del juez de Jaén no distingue, y hace mal, entre una bofetada en el transcurso de una riña acalorada, con desobediencia y lanzamiento de zapatilla previos, y una situación de malos tratos punibles, que requieren continuidad y alevosía, ante la que la Justicia debe ser intolerante y ejemplar.

Es disparatada la condena de Jaén, como digo, por partida triple. Castiga a la familia entera a la dispersión física durante un año por un incidente al que se le da categoría objetiva de tortura, trata a la madre como a una delincuente merecedora de cárcel y envía al niño conflictivo un mensaje demoledor, incluso para él y para su futuro: sé conflictivo y responde a las regañinas lanzando zapatillas que como se les ocurra a tus padres darte una torta se les habrá caído el pelo. ¿Cómo será este chico creciendo bajo la escala de valores imperante y con nada menos que la Justicia diciéndole que es una víctima? Miedo da pensarlo.