la tribuna

José Joaquín Castellón

El IBI de la Iglesia católica

YO tengo la firme convicción de que los intereses de la Iglesia no los debemos defender los que, empleando toda nuestra vida a su servicio, recibimos una remuneración económica a cambio. Creo que no es sensato que ni sacerdotes, religiosas, religiosos ni obispos defendamos, ante la opinión pública, los intereses económicos de la Iglesia. No quedaría clara la distinción entre la defensa de los propios intereses personales y el velar por los medios necesarios para la tarea de la evangelización. Son los laicos cristianos los que, valorando el interés general, pueden y deben, si así lo ven, defender los legítimos intereses de la Iglesia como una institución más de nuestra sociedad. Por eso, esta pequeña reflexión no va encaminada a opinar si la Iglesia católica debe pagar el IBI, ni de qué inmuebles; simplemente quiere aportar un poco de claridad ante este debate público.

No me voy a detener mucho en señalar el evidente interés de mercadotecnia electoral de la propuesta del PSOE. Aunque sí creo que hay que pensar los motivos de que haya una base tan significativa de nuestra sociedad con una sensibilidad tan hostil a la Iglesia, tan tarda a reconocer su aportación a la construcción de nuestra sociedad y tan pronta a apalearla ante situaciones ambiguas o abiertamente negativas que en ella se dan, como en cualquier otra institución -¿estaremos haciendo algo mal?-. Las mociones en los ayuntamientos no tendrán efectividad alguna porque se oponen a una ley de rango superior. Pero, como ministro del Evangelio, no me preocupa la viabilidad legal de la propuesta, ni siquiera su oportunismo, ni tampoco de la ausencia del más mínimo pudor democrático de quien la hace, sino si es justa o no.

En un clásico de la Ética de nuestro tiempo, Teoría de la Justicia, John Rawls hace un análisis interesante y muy acertado de las condiciones que han de tener las decisiones políticas y económicas para ser consideradas justas. Su reflexión es de inspiración kantiana, por tanto no de orientación religiosa sino secular, y con una evidente sensibilidad hacia los problemas de injusticia y desigualdad social. Quizás su experiencia en la II Guerra Mundial, donde presenció las secuelas de la bomba de Hiroshima, orientó la sensibilidad filosófica que desplegó en la universidad de Harvard.

Rawls tiene como punto de partida de su propuesta ética la radical imparcialidad que exige la justicia. El punto de vista de ningún grupo social ha de privilegiarse sobre los demás. Propone que la elección justa ha de tratar a todos los ciudadanos y grupos sociales por igual, sin contemplar ninguna de sus diferencias por el lugar social que ocupan, habilidades o dotes naturales, concepción del bien o sentido de la vida, sin contemplar, tampoco, su religión. En una sociedad justa todos hemos de ser iguales. Esta imparcialidad radical puede dejar en desprotección a los más débiles; por ello la perfila apuntando que la igualdad ha de abarcar la satisfacción en todos sus miembros de los bienes primarios (alimentación, vivienda, educación, cultura, posibilidad de realización personal, etc.). Además este principio de la igualdad, según Rawls, necesita un complemento: el principio de la diferencia. Según nuestro autor, son asumibles algunas diferencias en el trato a personas o instituciones sólo "si esas diferencias benefician a los menos aventajados y es compatible con el justo ahorro".

Por tanto, desde esta perspectiva, la cuestión no es si hay instituciones sobre las que puede haber un trato diferente a los demás miembros de la sociedad, sino si esa diferencia beneficia al conjunto social y, en especial, a los más favorecidos. La aplicación de este segundo principio de la justicia claramente invita a sacar de la exención del IBI a más de uno de los organismos que se benefician de ella. ¿También a la Iglesia? Como les decía, no voy a ser yo quien opine sobre esta cuestión. Valoren ustedes si la labor de la Iglesia católica puede merecer esa diferencia y si es compatible con el justo ahorro. Sopesen los sueldos de los "altos directivos" eclesiales y de sus "consejeros de administración", compárenlos con los de los otros agentes sociales; tengan en cuenta cuántos edificios históricos siguen en pie gracias a que unas monjitas los habitan y los conservan; y la capacidad de transmitir valores humanos y trascendentes de la institución eclesial. Valoren la labor y la vida del conjunto de los religiosos y religiosas que conocen.

Hacia dentro en la Iglesia, también hemos de preguntarnos si estamos usando debidamente la diferencia con que se trata a nuestra institución. Si no habremos caído, en algún momento, en falta de racionalidad económica o en gastos suntuarios, que en nada benefician a los más desfavorecidos. Si ciertamente estamos trabajando ejemplarmente por promocionar en el hombre su dignidad de hijo de Dios, o si nuestra jornada laboral es más corta que larga. Nada puede estar más en contra de la evangelización que el que caigamos en la tentación de defender nuestros intereses institucionales y no el bien común. Si se tiene con nosotros alguna diferencia hemos de asumirlo no como un privilegio, sino como una gran responsabilidad. Porque nadie, en una sociedad democrática, tiene derecho a privilegios.

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