La esquina

José Aguilar

jaguilar@grupojoly.com

Inocentes tras el calvario

Mercasevilla ha revelado dos perversiones: la vulneración de la presunción de inocencia y la judicialización de la política

La sentencia del caso de Mercasevilla, que ha absuelto a los ex concejales sevillanos Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE) y al empresario malagueño Sánchez Domínguez, junto a otras ocho personas, de los delitos de prevaricación y fraude que les imputaba la famosísima juez Mercedes Alaya, da mucho que pensar sobre algunas perversiones democráticas que se han instalado en nuestro sistema de convivencia.

Da que pensar, primero, en la vulneración sistemática del principio constitucional de la presunción de inocencia. En la España de hoy cualquiera es tratado como culpable hasta que logra demostrar, él, que es inocente. Para entonces ya habrá sido calumniado, estigmatizado y condenado por la opinión pública (en este caso, durante ocho años). El mundo al revés.

Mercasevilla debería servir para que a partir de ahora los ciudadanos desconfíen de algunas instancias y actuaciones. Quizás la palabra exacta no sea desconfiar, sino más bien poner entre paréntesis sus conclusiones, no precipitarse para aceptarlas sin más, aplazar las conclusiones propias. Hay que contar hasta diez antes de asumir sin más los informes de gente tan cualificada y normalmente eficaz pero a veces equivocada como la Policía o la Guardia Civil , los autos y diligencias de jueces generalmente justicieros pero a veces deficientes instructores, las informaciones de los periodistas que hacen de altavoz de intereses políticos y prejuicios antipolíticos. Hay que contar hasta diez antes de sumarnos a la plebe linchadora que, harta de corrupción, ve corrupción en todas partes en las que haya un cargo público. Repito: nadie es culpable mientras no es condenado en sentencia firme tras un proceso limpio con todas las garantías procesales.

Otra perversión, doble, es la judicialización de la política y la politización de la justicia. El denunciante del caso Mercasevilla fue el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que entonces era portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, y luego alcalde de la capital andaluza. Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde, fue imputado por la juez Alaya un mes y medio antes de las elecciones municipales de 2011, las que llevaron a Zoido a la Alcaldía. Por amplísimo margen de votos.

Perdón no va a pedir, desde luego. Conformémonos con menos: con que el noble, e indignado, pueblo español haga suya la presunción de inocencia. Para todos.

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