La tribuna

Carmen Orland Escámez

La Justicia en la agenda

LA Justicia vuelve a estar en la agenda política. A raíz del caso Tirado se convocaron juntas de Jueces en toda España y la actividad judicial quedó paralizada durante unas horas. Los medios de comunicación sentenciaron con rara unanimidad: una simple reacción corporativista.

El nuevo Consejo General del Poder Judicial, que barajó inicialmente la opción represiva, pasó luego a declarar su pretensión de liderar las reivindicaciones de los jueces. Pero, ¿está realmente el CGPJ en condiciones de ejercer ese liderazgo? Para responder a esta pregunta tenemos que considerar una serie de circunstancias:

1. Empecemos con la actuación de las fuerzas políticas parlamentarias que, con dejación grave de sus responsabilidades, procedieron con escandalosa tardanza a la renovación del CGPJ y que, cuando por fin lograron ponerse de acuerdo, dejaron fuera de este órgano a los candidatos de los jueces no asociados y a las asociaciones judiciales distintas a JpD y APM (FdV, a pesar de contar con un elevado número de asociados, sólo ha conseguido un puesto en el Consejo).

2. Los mismos partidos y responsables políticos que critican las decisiones del CGPJ en materia disciplinaria o hacen públicas sus esperanzas acerca de futuras decisiones en este ámbito han intervenido decisivamente en el proceso de negociación previo a la designación parlamentaria de los vocales que, precisamente, habrán de valorar las conductas sancionables.

3. Según el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los nombres del presidente y el vicepresidente del CGPJ deben salir de la primera reunión, constitutiva, de este órgano. Sin embargo, en esta ocasión dichos nombres fueron conocidos con antelación; no sólo ello, sino que, lo que es mucho peor, fueron -según fuentes de toda solvencia que no han sido desautorizadas- pactados por el presidente del Gobierno y el líder de la oposición hace varios meses.

4. Aunque en un primer momento se negó desde instancias gubernamentales que la falta de medios y la deficiente organización de la oficina judicial tuvieran incidencia alguna en el caso Tirado, tal postura ha sido corregida después de la protesta judicial. ¿Hasta qué punto están legitimados para culpar en exclusiva al juez y al secretario quienes son los primeros responsables políticos de esa insuficiente dotación de medios y recursos organizativos?

5. Las asociaciones judiciales tienen que hacer autocrítica en lo que se refiere a sus objetivos, a su funcionamiento interno y a sus estrategias, puesto que se han implicado, sin cuestionarlo en ningún momento, en el controvertido proceso de preselección de los candidatos a vocales del CGPJ que ha concluido en los términos poco felices ya conocidos. Por este motivo se encuentran ahora con grandes dificultades para aparecer como interlocutores ante el CGPJ. Las asociaciones judiciales no sólo no han liderado la revuelta, sino que han ido a remolque de la misma. Algunas, con visible incomodidad. Los acontecimientos las han desbordado claramente.

6. Las últimas semanas han conocido el nacimiento de un nuevo sujeto político-judicial: los jueces de a pie, situados generalmente en los primeros escalones de la carrera judicial, es decir, allí donde más acusadas son las carencias del sistema. Jueces no asociados, o asociados pero actuando al margen de las estructuras asociativas, conectados en tiempo real a través del correo electrónico y las listas de distribución. Sin su participación masiva la revuelta nunca hubiera tenido el éxito que tuvo. Está por ver el papel que puedan jugar en el futuro.

Por tanto, para que el CGPJ pueda liderar realmente la reforma de la justicia, tienen que darse una serie de condiciones:

1. Para empezar, el propio Consejo tiene que redimirse de sus vicios de origen y dar, desde ya, claras muestras de autonomía institucional e independencia de criterio; especialmente respecto al Gobierno, a la Oposición y a las fuerzas políticas que sustentan Gobierno y Oposición. La reforma que la Justicia necesita no es sólo cuestión de organización y de medios materiales.

2. Las asociaciones judiciales tienen que replantearse su papel, tanto en lo que se refiere a su funcionamiento interno, hoy excesivamente centrado en las estrategias de ocupación de espacios de poder judicial, como en lo que atañe a su modelo de relación con partidos e instituciones.

3. A la hora de construir alternativas, todos tienen que empezar a tener en cuenta a los jueces no asociados.

4. Los jueces no asociados, por su parte, deberán encontrar portavoces, formas estables de organización y, desde luego, adquirir la capacidad de hacer propuestas en positivo.

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