EL anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado ayer por el Consejo de Ministros provocará, cuando entre en vigor tras su tramitación parlamentaria, un cambio sustancial en el modelo de instrucciones judiciales practicado en España. Todos los sumarios vinculados a grandes escándalos de corrupción, que son los más llamativos para los ciudadanos, serán instruidos por tres jueces conjuntamente en vez de atribuirse, como en el presente, a un solo juez dotado de plena autonomía para imputar, ordenar detenciones y registros y, en general, tomar decisiones muy relevantes para la marcha de la investigación y para la vida de los implicados. En coherencia con este giro en el planteamiento instructor, se deduce que todos los casos asignados a la Audiencia Nacional serán conocidos por el órgano colegiado de tres miembros, mientras que en los ámbitos jurisdiccionales inferiores se constituirá o no dicho órgano colectivo en función de las circunstancias que concurran en cada caso (número de individuos implicados, volumen del caso, duración y complejidad). La reforma pretendida ofrece innegables ventajas con respecto a la situación actual. Por un lado, descarga de trabajo al instructor individual, al asignar la causa a dos jueces más, lo que permitirá adelantar sus trabajos, agilizando el funcionamiento de la Justicia, uno de los objetivos realmente imprescindibles para la mejora del funcionamiento judicial en nuestro país. Por otro, las presiones de todo tipo a las que se ven sometidos los magistrados españoles en el ejercicio de su labor instructora pueden ser, en principio, mejor soportadas y superadas por el tribunal colegiado que por un juez en solitario, lo que redundará en beneficio de la independencia del poder judicial, siempre tan cuestionada. Finalmente, el órgano colegiado hará posible una instrucción con más garantías para su buena marcha y para los propios imputados, en la medida en que sus criterios y decisiones se harán más ajustados y correctos. El efecto derivado del nuevo procedimiento instructor será, probablemente, la desaparición o la menor relevancia de los llamados jueces estrella, que han llenado la escena judicial española en las últimas décadas, con fuertes repercusiones negativas en la impartición de justicia, e incluso en la propia investigación de hechos presuntamente delictivos, donde se producen con desdichada frecuencia actos de arbitrariedad que hasta ahora tenían que dilucidarse acudiendo a instancias superiores. En resumidas cuentas, la reforma de la Ley del Poder Judicial puede ser una buena oportunidad para construir una Justicia más rápida, serena e independiente. Como la que se necesita.

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