LA juez que instruye la causa judicial abierta contra el ex máximo accionista del Real Betis Balompié SAD, Manuel Ruiz de Lopera, ha emitido un nuevo auto judicial en el que procede a embargar a este singular empresario sevillano, dueño del club verdiblanco desde inicios de los años 90, todas las acciones que tenía a su nombre la empresa Farusa -una de las sociedades patrimoniales a través de las cuales controlaba dicha entidad deportiva- y un conjunto de propiedades (hasta 44 fincas urbanas y rústicas) situadas en distintas localidades andaluzas, entre ellas Sevilla capital. La decisión de la magistrada Mercedes Alaya entra dentro de lo razonable. Incluso se diría que era una medida más que previsible. La explicación se debe a un hecho objetivo: el ex dirigente verdiblanco no ha depositado, en tiempo y plazo, la fianza económica que en el auto judicial emitido en julio establecía para cubrir las posibles responsabilidades derivadas de su irregular gestión al frente del club verdiblanco. Al no haber garantizado dicha cantidad voluntariamente mediante un pago en metálico, el juzgado, siguiendo el protocolo habitual, ha decidido curarse en salud y lograr la citada aportación económica a través de un embargo patrimonial. Una medida que, si no fuera por la evidente envergadura de lo intervenido, no tendría nada de excepcional. Contra la orden de embargo, lógicamente, cabe recurso formal; y es de suponer que el ex mandatario verdiblanco, al igual que hizo en su momento con el auto que lo sacó de la dirección del Betis, lo recurrirá ante los tribunales de justicia. Entonces se verá si los pasos que va dando la juez Alaya superan los filtros ordinarios de control establecidos en nuestro ordenamiento legal. Hasta ahora nada puede reprochársele a la magistrada, que está demostrando un alto grado de iniciativa y la firme voluntad de lograr, por los procedimientos que establece la ley, que sus decisiones se lleven a efecto. La situación jurídica del Betis debería salir del marasmo en el que ahora se encuentra tras la junta de accionistas de este mes. Será entonces cuando, hasta que la Justicia juzgue el fondo del llamado caso Lopera, el Betis debería entrar en una situación de sosiego.