YA se ha dicho casi todo sobre las llamadas agencias de rating, que califican la solvencia de países y empresas y productos financieros en cuanto al pago de sus deudas. Estas agencias ponen mucho cuidado en advertir que sus calificaciones son sólo una opinión sobre las probabilidades de que países, empresas, fondos o estructuras de inversión, cumplan con sus compromisos de pago. De esta manera han conseguido evitar responsabilidades legales por sus clamorosos errores en la valoración de productos financieros, confundiendo a los inversores y ocasionándoles fuertes pérdidas. Sin embargo, la influencia de las agencias se mantiene por falta de una alternativa y, sobre todo, por la comodidad para inversores y autoridades monetarias de disponer de una lista de valoraciones de solvencia y seguridad, a pesar de que se hayan mostrado falsas.

Hoy se reconoce que estas agencias son un elemento más que añade inestabilidad a la economía y amplía el alcance de las actuaciones especulativas. Hay un movimiento para regular su funcionamiento, que es un monopolio, y para definir el alcance de sus criterios de valoración, porque, ¿quién puede conocer en este mundo tan complejo y con tantas variables en juego como va a evolucionar la capacidad de pago de un país?

España pasó hace un año, según una de estas agencias, de la máxima calificación crediticia a un puesto inferior, y ahora ha bajado un escalón más. Otras agencias mantienen para nosotros su calificación al más alto nivel, pues entienden que a pesar de la situación por la que atraviesa nuestra economía, es altamente improbable que España deje de cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, el País Vasco se considera por la agencia que ahora nos degrada más solvente que España, y el Ayuntamiento de Barcelona y la Junta de Andalucía mantendrían al mismo nivel que el Estado, superior a países como Japón, Portugal, Italia, y por encima de China, la economía con mayor capacidad de ahorro, y el acreedor más importante del planeta.

A pesar de estas incongruencias, las prevenciones sobre la economía española hay que verlas desde el aspecto positivo. España puede pagar su deuda que, aunque creciente, supone aún un volumen bajo con respecto al producto bruto, puede mantener un estado de bienestar razonable y desarrollar actividades productivas para que sus cuentas cuadren. Pero no puede generar expectativas de bienestar que no se corresponden con su capacidad para producir y crear empleo y, sobre todo, no debe ignorar el coste de las mejoras en el bienestar y calidad de vida conseguido en las últimas décadas, y la necesidad de un esfuerzo colectivo para sacar el país adelante. Por eso, la rebaja de nuestro crédito ha de servir para que todas las administraciones públicas asuman sus responsabilidades, pues si las cuentas del estado van mal es absurdo pensar que una comunidad autónoma o un ayuntamiento puedan ir bien mucho más tiempo.

No es un problema temporal que se rebaje nuestro crédito, sino de alcance, una percepción que, aunque sea infundada, se añade a un sentimiento que prácticamente tenemos todos, de que son necesarios cambios de actitud más profundos de los que se están planteando en el ámbito social y político.