La tribuna

José Luis Rocha

La Ley de Muerte Digna

MUCHOS lectores recordarán a Inmaculada Echevarría, la mujer que necesitó el pronunciamiento de dos órganos colegiados -el Comité de Ética y el Consejo Consultivo de Andalucía- para ver cumplida, tras varios meses, su voluntad expresa de retirada de un tratamiento con ventilación mecánica. O las sedaciones terminales llevadas a cabo en el Hospital de Leganés, por las que la Comunidad de Madrid emprendió un injustificable proceso judicial contra los médicos, utilizando el confuso término "eutanasia".

Ambos ejemplos identifican nítidamente la necesidad de una norma que delimite las fronteras imprecisas del marco normativo actual: las dificultades de los pacientes para que se respete su voluntad y hacer efectivos sus derechos, y la quiebra de la seguridad jurídica de los profesionales que, a pesar de una práctica médica correcta para aliviar el sufrimiento de pacientes terminales, ven en entredicho la legalidad de sus actuaciones.

Estas son, precisamente, las claves de la ley andaluza. Tanto asociaciones de consumidores y usuarios como sociedades profesionales del sector sanitario han valorado esta iniciativa como oportuna y positiva, aunque -naturalmente- expresando la conveniencia de introducir mejoras al anteproyecto. Tal es el caso de las sociedades de Cuidados Paliativos, Medicina de Familia, Enfermería Comunitaria, Medicina Interna, Enfermería Hospitalaria, Medicina Intensiva, Enfermería de Cuidados Críticos, Medicina de Urgencias o Calidad Asistencial. Se ha establecido también un diálogo directo entre el Consejo Andaluz de Colegios Médicos y la Consejería con el fin de consensuar algunos aspectos del texto que habían suscitado inquietud.

Frente a esto, algunas asociaciones ultraconservadoras como la Fundación World Wide Bioethics, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica o la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia han mostrado su rechazo del anteproyecto de Ley. Postura previsible por parte de estos colectivos, pues el reconocimiento pleno de la autonomía personal, o el derecho a un tratamiento que alivie el sufrimiento, aunque acorte la vida, son contrarios a sus postulados ideológicos.

Menos comprensible resulta la posición de la Organización Médica Colegial de España (OMC), no por su oposición -legítima- a la Ley, sino por el argumento utilizado negando la existencia de problemas éticos en el proceso de muerte. Y es que son numerosas las instituciones que han subrayado la existencia de conflictos éticos ante la muerte y la necesidad de medidas para su mejora.

Así, un informe del Parlamento Europeo sobre cuidados paliativos en la UE recomienda la promoción de medidas legislativas para asegurar los derechos de los pacientes y el acceso a cuidados paliativos. En nuestro país, la Real Academia de Medicina de Cataluña ha expresado su preocupación por la frecuencia de la obstinación terapéutica, situación que es "motivo de sufrimiento innecesario para el paciente" y que "empeora su calidad de vida más aún que la propia enfermedad". En términos similares, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Críticos y Unidades Coronarias, Semicyuc, señala en sus recomendaciones que se producen frecuentes conflictos de valores en el tratamiento al final de la vida de los pacientes críticos.

Precisamente en estas páginas, el senador del PP y ex vicepresidente de la OMC, Jesús Aguirre, consideraba "absurdo" el anteproyecto de Ley. Hablaba de "problema ficticio", de que la ley andaluza es "paradigma de confrontación entre profesionales y pacientes" y de que se debe confiar en la profesionalidad de los médicos.

Llamativo ejercicio de hipocresía. En el caso de Inmaculada Echevarría, la Junta de Andalucía apoyó en todo momento la actuación de los médicos y les proporcionó respaldo ético y jurídico. El Consejo Consultivo dictaminó, a solicitud de la Consejería, que la actuación de los profesionales no sería punible. Compárese con la situación de Madrid, donde fue el propio Gobierno de Esperanza Aguirre el que remitió al fiscal la acusación a los médicos del Severo Ochoa que aún hoy no han recuperado sus puestos a pesar de haber sido absueltos por la Justicia. ¿Dónde se han inducido enfrentamientos entre pacientes y profesionales? ¿Eran ficticios los problemas sobre la sedación? ¿Se puede reclamar confianza en los profesionales mientras se persigue a médicos cuya práctica se ha demostrado correcta? Juzguen ustedes mismos.

Morir constituye el acto final de la biografía de cada ser humano y no algo distinto de la propia vida. Por tanto, el imperativo de la vida digna alcanza también a la muerte. La sociedad andaluza considera de forma abrumadoramente mayoritaria que todas las personas tienen derecho a vivir dignamente el proceso de la muerte. El Estatuto de Autonomía para Andalucía así lo recoge, de igual forma que el derecho al tratamiento del dolor y los cuidados paliativos. La ciudadanía espera de sus gobernantes y legisladores, así como de los representantes sociales y de los colectivos profesionales, un tratamiento serio, riguroso y equilibrado de esta cuestión.

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