AUNQUE finalmente no se ha introducido ninguna cifra en el texto constitucional, el reciente acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de incorporar en una ley posterior una limitación al déficit público, ha provocado un gran revuelo e incluso contestación por parte de algunos miembros del partido en el gobierno, que lo consideran una sumisión del país para tranquilizar a los mercados financieros.

En la actualidad, existe una discusión en el seno de la UE acerca de qué reglas adoptar para que las finanzas públicas sean sostenibles y no vuelvan a producirse situaciones como las que estamos viviendo, en donde la aparente debilidad de los Estados soberanos los convierte en presa de los mercados financieros.

La experiencia de los países que han sido pioneros y han tenido éxito en la introducción de reglas fiscales -Suecia, Finlandia, Dinamarca- combina una mezcla de límite al gasto con una regla de déficit público. La introducción de un límite al gasto global, obliga a elaborar de manera muy precisa y detallada los presupuestos de cada una de las partidas. Adicionalmente, en épocas de expansión permite ahorrar los ingresos derivados de la misma, disminuyendo la deuda pública en circulación.

En cuanto a la regla, resulta más controvertida, porque implica la estimación de algunas variables cuyo comportamiento y magnitud no se pueden calcular con absoluta precisión. No obstante, es posible definir una aproximación a una regla ideal que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, lo que implica un saldo público estructural equilibrado.

En particular, la regla que se está manejando implicaría un crecimiento del gasto público primario (esto es, descontado los gastos financieros de la deuda) de un 1% inferior al crecimiento potencial nominal de la economía.

Un reciente estudio para las economías de la UE muestra que, para los nueve años que van de 1998 a 2007, España superó el límite de gasto, según la anterior regla, en ocho años. En el ejercicio fiscal de 2007, el superávit público fue del 1,9%. Si hubiese cumplido la regla hubiese sido del 8,2%. Habría contado, por tanto, con un margen significativamente mayor para afrontar la crisis, a través del ahorro conseguido en los años de fuerte expansión.

En España, el promedio de crecimiento nominal del gasto en ese periodo fue del 7,8%; el cumplimiento de la norma hubiese exigido un 5,9% de media. Ahora bien, dado que el crecimiento real del PIB potencial fue del 3% y se han realizado estimaciones a la baja del crecimiento potencial del PIB en el futuro, de manera que del rango 3%-3,5% posiblemente estemos en el rango del 2%-2,5%, quiere decir que, en el futuro, el crecimiento del gasto público debería ser aún menor para cumplir con la norma que está considerando la UE.

La experiencia parece indicar que el establecimiento de normas, contribuye a la estabilidad y sosteniblidad de las economías a largo plazo. Pero dudamos mucho que el mismo traje sirva para economías con estructuras productivas tan distintas que, en Europa, va desde Suecia hasta Malta.