LA más clara señal de que el presidente de la Generalitat salía con los bolsillos llenos de su encuentro con Zapatero era esa imagen de satisfacción contenida con que advertía de que, a pesar de todo, seguían sin ser amigos íntimos.

Nada que ver con el Mas que el pasado mes de mayo proclamaba la necesidad de derribar al Gobierno y sustituirlo por otro provisional de concentración capaz de enderezar el rumbo de una nave que, por entonces, parecía haberlo perdido por completo. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, cuando los graves problemas de la economía española estaban en la esfera del Estado y en la desconcertante parálisis gubernamental de la época en materia de propuestas creíbles para abandonar la crisis. Desde entonces se han dado pasos en diferentes direcciones, en muchos casos muy vacilantes, pero en la mayoría de ellos con señales fácilmente interpretables sobre las preferencias del Gobierno, entre las que destaca su firme voluntad de cumplir con los compromisos (exigencias) de consolidación presupuestaria. El avance de ejecución presupuestaria que a finales del mes pasado presentaba el Ministerio de Hacienda ponía de manifiesto la importante corrección en las cuentas del subsector Estado, pero advertía que los resultados de las comunidades autónomas y corporaciones locales podían ser muy diferentes y en algún caso negativo. Los datos completos se conocerán este mes, pero los que se avanzaban a mediados del pasado año ya apuntaban que el déficit no financiero de Murcia y Castilla-La Mancha estaba por encima del techo del 3%, que Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña superaban el 1,5% y que Andalucía figuraba entre las más prudentes, después de Navarra y Canarias. La prensa internacional y alguna agencia de rating, que siempre consiguen hacerse oír en estos casos, se han hecho eco de la situación en los últimos meses, provocando que el Artur Mas que acudía a visitar a Zapatero para solucionar su atasco financiero se pareciese mucho más a aquel que en 2006, y a pesar de Montilla, pactó la solución al conflicto del Estatut y del modelo de financiación autonómica que finalmente acabarían imponiéndonos a todos.

Son las consecuencias de la "bilateralidad" que tanto gusta a los catalanes, perfectamente conscientes de que cuentan con dos grandes ventajas de partida. Por un lado su reconocida habilidad negociadora; y por otro, la verdaderamente fundamental, la seguridad de que serán los primeros en la ronda de negociaciones. Se garantizan de esta forma el control de los contenidos y deja en manos del Gobierno la papeleta de convencernos a todos de que la extensión al resto de los acuerdos bilaterales con Cataluña desactiva cualquier sospecha de trato de favor. Para la mucha gente sólo queda la sensación de que no existen reglas claras y que todo puede cambiar porque todo se puede negociar. Puede que sólo se trate de un reflejo de la obsesión pactista que caracteriza a este Gobierno, que en algún momento tendrá que darse cuenta de que para salir de esta crisis será necesario, entre otras cosas, poder construir unas expectativas básicas en las que poder confiar.