CON el plan puesto en marcha por Dolores de Cospedal para meter en cintura las cuentas de Castilla-La Mancha y el entusiasmo con el que este ajuste duro ha sido recibido en las filas del PP, tenemos ya la tarjeta de visita del desembarco de los populares cuando logran entrar triunfantes en lo que ha sido un bastión de la izquierda durante décadas. Los paralelismos y las diferencias que cada uno quiera encontrar entre la situación que se ha encontrado la lideresa del PP en su región y la que se podría encontrar Javier Arenas en el caso de una victoria electoral el próximo marzo en Andalucía son numerosos. Pero seguro que si ese vuelco histórico se produjera tendríamos en San Telmo a un Gobierno popular sacando de debajo de las alfombras déficits ocultos y deudas sin fin y anunciando un plan de recortes como el que esta semana se ha anunciado en Toledo. Valga como pista lo que está haciendo con denuedo Juan Ignacio Zoido en Sevilla, con notable éxito de crítica y público. Lo que ha hecho el PP en Castilla-La Mancha, con todo el aparato propagandístico propio de la importante campaña electoral en la que ya estamos inmersos, responde, sin embargo, a una lógica que en estos momentos es fácil vender a la opinión pública. Algunas medidas son tan obvias que incluso haría bien José Antonio Griñán en aplicarlas antes de que se las apliquen. Otras son para llevarse las manos a la cabeza. Pero lo que subyace detrás es el mensaje claro de que cualquier alegría se ha acabado para siempre jamás y de que quedan años de atravesar los paisajes más inhóspitos que podríamos haber imaginado en los ya lejanos años de bonanza.

El mensaje aparece con mucha más claridad en la reforma constitucional que el viernes aprobaron deprisa y corriendo los dos grandes partidos del Parlamento español y que consagra, se explique como quiera explicarse, un control estricto del déficit que afecta la médula del Estado de bienestar. Dicho de otra forma: con esta reforma nos hemos cargado una parte sustancial del sistema de protección con el que hemos vivido en España en las últimas cinco décadas. Y todavía no sabemos lo que nos espera más adelante. La premura con la que se ha abordado esta reforma y el consenso alcanzado por PP y PSOE dejan ver que estábamos en una situación mucho más grave de lo que se nos había dicho y que nos esperaba un septiembre de pánico si no se le lanzaba un mensaje claro y contundente a los mercados. Ojalá lo escuchen y esto sirva para alejarnos de Grecia y acercarnos, aunque sea poco, a Berlín. Pero permítanme que, por el momento, lo dude mucho.