La crónica económica

Joaquín Aurioles

Paraísos fiscales

MODERNIZAR y, en cierto modo, simplificar los mecanismos de control financiero y garantizar la salud del sistema y a los consumidores son los objetivos del plan de reformas monetarias y financieras anunciado por el secretario del Tesoro norteamericano, H. Paulson. Y es que, como comienza señalando el FMI en su recién aparecido informe sobre estabilidad financiera global, "los acontecimientos de los últimos seis meses han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema financiero mundial y han generado interrogantes de fondo acerca de la eficacia de la respuesta de las instituciones de los sectores público y privado". Ante hechos tan evidentes, los norteamericanos han decidido corregir la multitud de grietas que la crisis de las hipotecas ha puesto a la vista de todo el mundo, lo que obliga a reconocer que, aunque pueda haber críticas por otras razones, hay que reconocer a la Administración Bush una diligencia ejemplar en materia de rapidez e intensidad de sus respuestas a la crisis.

El problema puede ser que si algo está quedando claro a medida que avanza la tormenta es que las finanzas son globales y que el control exhaustivo de bancos comerciales y de inversión, de compañías de seguros o de fondos de pensiones, casas de cambio, etc., no garantiza la inmunidad frente a la inestabilidad que puede estallar en cualquier parte, incluidos los capitales refugiados en los casi 40 paraísos fiscales y financieros que la OCDE tiene catalogados en todo el mundo.

Se estima que en las Islas Caimán residen unos 30.000 habitantes junto con más de 400 bancos y 50.000 sociedades, mientras que en las Islas Vírgenes, con 22.000 habitantes, hay medio millón de empresas extranjeras, de las que casi la mitad son de las denominadas off-shore, es decir, sin constancia de domicilio de sus propietarios en el país.

En Europa, el problema es similar, aunque todavía más anacrónico puesto que, además de los clásicos chiringuitos, como Liechtenstein, Andorra, Gibraltar o Mónaco, por no hablar de Suiza, están Luxemburgo, Austria o Bélgica, que son miembros de la Unión Europea (UE) y donde circula el euro, pero todavía conservan normas específicas para el anonimato de sus clientes que, como es lógico, favorecen el fraude y la evasión fiscal en el resto. Lo han conseguido a cambio de comprometerse a practicar retenciones sobre los rendimientos que posteriormente ingresan en la hacienda del país de residencia del titular. Pero siempre aparecen los tramposos y el escándalo surgió con la venta de datos de clientes del banco LGT de Liechtenstein, uno de los países tachados como no colaboradores por la UE, porque aplica retenciones a los rendimientos de sus clientes, pero sólo cuando se trata de personas físicas. Lo que el fraude descubierto ha puesto de manifiesto es que en un país de 35.000 habitantes residen unas 50.000 fundaciones, la mayoría alemanas, que disponen de una fortuna estimada en 125.000 millones de euros, que es aproximadamente la tercera parte del total de las pérdidas estimadas para los bancos norteamericanos por el problema de las hipotecas de alto riesgo.

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