CUANDO un gobierno y un partido viven acosados por la crisis económica, en caída libre en las encuestas, con sus líderes amortizados por la opinión pública y sin iniciativa política, pocas cosas le pueden venir tan mal como la aparición de un caso de corrupción de mayor cuantía y que hunde sus raíces en el corazón mismo de la Administración. Al PSOE andaluz, a la Junta, a Griñán, a Juan Espadas y a Zapatero, es justo lo que les ha pasado. El escándalo de las prejubilaciones ilegales cumple palabra por palabra las condiciones necesarias para convertirse -eso sí, hábilmente manejado- en punta de lanza de la ofensiva para desalojar a los socialistas de las parcelas de poder que todavía ocupan. Un final de época que todas las encuestas anticipan y que ha tenido esta semana en los datos del CIS una confirmación abrumadora. La cuestión de los ERE no es para tomársela a la ligera: por acción u omisión, desde el Gobierno andaluz se ha permitido que una pandilla de chorizos situados en los aledaños del poder montaran una red para lucrarse de las ayudas que la Junta daba a las jubilaciones anticipadas que algunas empresas tenían que acometer. Se hacía además con esa sensación de impunidad tan común en los casos de corrupción de la reciente historia de España y que tanto impresiona.

El caso es grave, pero para que sus efectos sean todo lo devastadores que se pretende deber ser, como decíamos, hábilmente manejado. Y a ello se están dedicando con denuedo el Partido Popular y sus aliados mediáticos. Hasta el punto de que no se cortan un pelo para, con un cinismo digno de Libro Guiness, trasladar a la opinión pública el mensaje de que "unos cuantos amigos de Chaves y Griñán se han repartido entre ellos 700 millones de euros de ayuda a los parados". Y se puede entrecomillar porque la cita es textual. Una de las reglas básicas de la agitprop comunista es que los mensajes deben ser claros y fácilmente comprensibles, al margen de que sean verdad o no. Un ejemplo claro de que los métodos leninistas siguen aplicándose en este campo lo hemos tenido esta semana.

No era necesario emplearse tan a fondo. Los hechos tal y como son, y las circunstancias que los acompañan, son capaces de erosionar la imagen de cualquiera. La juez Alaya tiene en sus manos una bomba de relojería cuyas espoletas irán estallando durante los próximos meses. La campaña electoral que les queda a los socialistas va a ser dura. Las fotos de mítines van a competir con las de los paseíllos a las puertas de los juzgados del Prado. A perro flaco, ya se sabe, todo son pulgas.