Hoja de ruta

Ignacio Martínez

Pistolas humeantes

LA pugna entre la juez Alaya y la Junta por las actas de los consejos de gobierno de los últimos diez años se presenta interesante. Piensa la juez que tiene derecho a conocer todas las decisiones adoptadas por el Gobierno andaluz en una década, sobre no importa qué asunto. Y que ella, en su infinita sabiduría dirimirá con buen juicio si lo que conoce por este método aporta información o pruebas en la causa que instruye sobre los eres fraudulentos. Sorprende de tan quisquillosa actitud que todavía no haya imputado al ex consejero Viera, tan sospechoso en principio como ex consejero Fernández ya imputado. El hecho de que Viera sea diputado autonómico y senador quizá haya afinado el tacto de la juez para evitar que el caso se vaya a una instancia superior y lo pierda.

Alaya ha demostrado tenacidad en instrucciones muy enrevesadas. De hecho, el lío societario montado por Lopera en el Betis no es menor que este. Aquí la juez tiene sus argumentos y el Gobierno Griñán los suyos. Las deliberaciones de los consejos son secretas por ley. Dice el diccionario de la Real Academia que deliberar es considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos. Si las actas recogen fidedignamente estas consideraciones sería interesante que el Supremo permita su consulta.

Sería un material didáctico de primer orden. Una mina tiene la juez dentro de ese armario que le ha mandado la Junta. O una pistola humeante, como se definió a las cintas que el presidente Nixon tenía la costumbre grabar de sus conversaciones en la Casa Blanca. Por eso quedó constancia, a pesar de que sus colaboradores borraron varios pasajes, de que había obstruido la acción de la justicia e intentado tapar el asalto al cuartel general del Partido Demócrata en el edificio Watergate de Washington en junio de 1972. Dos años después, la pistola humeante se llevó por delante a Nixon, el único presidente americano que ha tenido que dejar el cargo.

El Supremo puede considerar que una cosa son las deliberaciones y otra el acta de las decisiones. O sea, que los motivos o razones pueden ser secretos, pero las decisiones adoptadas no. Entonces, nos encontraríamos con un precedente estimulante. El juez de Valencia del caso Gürtel puede pedir los ocho años de actas de los consejos de Gobierno presididos por Camps, para saber más sobre los amigos del alma del presidente valenciano o cualquier otra cuestión presuntamente relacionada con clientes y proveedores. De la misma manera, el juez que acaba de reabrir el caso del espionaje a dirigentes del PP poco afectos a Esperanza Aguirre, podría reclamar los ocho años de actas de los consejos de la Comunidad de Madrid. Esas pistolas humeantes, en Andalucía, Madrid o Valencia, serían mortíferas.

Etiquetas

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios