EL sábado comenté aquí el escándalo -legal, pero escándalo- que suponen las jubilaciones prematuras en grandes empresas con enormes beneficios y que, a la vez que despiden a trabajadores con 52 años, premian con incentivos millonarios a sus directivos. "El país se empobrece, prescinde de fuerza de trabajo cualificada, aumenta sus cifras de desempleo y consolida la ley de la selva", concluía la columna.

Faltaba un detalle, nada menor, al panorama descrito: el Estado acepta pagarle el paro a este colectivo de prejubilados durante los dos años de prestación previstos legalmente para los parados, es decir, asume el coste de la prestación por desempleo, abaratando de este modo el despido pactado con los trabajadores. En resumen, usted y yo, el otro y el de la moto ayudamos con nuestros impuestos a abaratarle a las empresas la indemnización que ofrecen a la mano de obra de la que prescinden. Hace una década se calculaba en 240 millones de euros lo que se ahorraban los empresarios gracias a este mecanismo.

Si era escandaloso jubilar a los empleados en el mejor momento de su vida profesional, al menos desde el punto de vista de la experiencia, formación y capacidad, aunque no del de la energía física, es sangrante que eso se haga con ayuda pública. De modo que basta con que una gran compañía vea reducidos sus beneficios en uno o dos ejercicios para que Papá Estado acuda en su auxilio a fin de que el despido correspondiente le salga baratito. Hay una malversación objetiva: los fondos públicos que están pensados para ayudar a los ciudadanos en dificultades (por ejemplo, los parados) son desviados a fin de que grandes empresas reduzcan sus plantillas para afrontar no pérdidas, que no las tienen, sino caídas de beneficios.

El Gobierno parece haber comprendido la incongruencia e injusticia de esta situación y el Ministerio de Trabajo ha filtrado una iniciativa, todavía en fase de borrador-enmienda a la Ley de Seguridad Social, en virtud de la cual las grandes empresas boyantes que pacten estas prejubilaciones cargarían con las prestaciones por desempleo de sus prejubilados. La fórmula sería encarecer las prejubilaciones en función del número de trabajadores afectados y/o de la cuantía de las ganancias que se utilice como referencia. Habrá que vigilar si Valeriano Gómez va en serio o solamente hace un guiño demagógico a los ciudadanos cabreados. Su antecesor, Celestino Corbacho, también hablaba de prohibir las prejubilaciones subvencionadas en empresas que arrojan beneficios y, al final, fuese y no hubo nada, salvo muchos más parados que cuando lo hicieron ministro.

Antes los empresarios socializaban las pérdidas. Ahora socializan hasta las bajadas de beneficios. No puede ser.