ESTA semana es la recta final de la presión electoral que pueden ejercer multitud de personas perjudicadas por el desmoronamiento de las empresas municipales en ayuntamientos de la provincia. Esgrimen su condición de potenciales votantes de quien les ha metido en problemas, si al final se los soluciona, o votantes del partido rival si se quedan colgados de la brocha. Esta campaña es muy distinta a las anteriores, pues otrora, en aras de rebañar votos, se zanjaba cualquier amago de conflicto mediante remanentes de dinero desviado de otras partidas, o a cuenta de comprometer los presupuestos futuros. Ahora es muy remota la posibilidad de éxito de esas reivindicaciones que ayer se vivieron en localidades sevillanas como Utrera, Los Palacios o Umbrete. Pero la esperanza es lo último que van a perder. Sobre todo cuando existe la general convicción de que, conforme avance el año, peor se les pondrá el panorama laboral y pecuniario.

Todas las empresas públicas están puestas en cuestión, y por extensión sus trabajadores. Evitemos ser maniqueos y distingamos lo esencial de lo prescindible. Ni toda actividad pública es innecesaria y despilfarradora, ni es verosímil que todas las personas contratadas sean enchufadas e improductivas. Pero justos y pecadores están revueltos en un caos institucional que engulle a los más eficaces y comprometidos con el bien común.

La volatilización del dinero tiene un ejemplo destacado en Produsa, la sociedad municipal de desarrollo económico de Utrera, ahora en situación concursal. Se ha descubierto que incumple desde 2006 sus obligaciones de pagar a Hacienda y a la Seguridad Social, pese a la cantidad de dinero que generó con operaciones inmobiliarias para desarrollar los suelos utreranos. En un periodo de tiempo que engloba dos elecciones municipales, unas generales y unas autonómicas, en cada campaña se ha dado la falsa impresión de que todo iba viento en popa. Pero el dinero era en realidad deuda y ni siquiera se pagaban los tributos. Cuánto engaño.