ENTRE las frases históricas de la Transición sobresale una pronunciada, casi declamada, en catalán: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aqui. Josep Tarradellas volvía del exilio y se dirigía de ese modo a las miles de personas que le esperaban aquel día de octubre de 1977 en la plaza de San Jaume de Barcelona. Ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí, el Gobierno de Adolfo Suárez restablecía la legalidad republicana de la Generalitat y su presidente desterrado regresaba desde Francia. Lo que se conoció como la Operación Tarradellas fue la autorización para su regreso y la recuperación del autogobierno catalán sin esperar a la aprobación de la Constitución, mediante el pago de un peaje simbólico pero de gran calado político: antes que a Barcelona, Tarradellas tuvo que volar a Madrid, reunirse con Adolfo Suárez y, después, con el rey Juan Carlos I. Fue un mutuo reconocimiento.

Carles Puigdemont sueña con protagonizar un regreso épico de este estilo, pero sin pasar por Madrid, sin la transacción de reconocer a la Constitución y, por tanto, al Rey. Esto último aliviaría el mal trago de una ley de amnistía para los procesados del referéndum ilegal del 1 de octubre, cuyo principal escollo es el político, porque se necesita un pacto de lealtad antes de darle forma jurídica. Sin ese acuerdo, que debe ir más allá de la mayoría necesaria en el Congreso, será muy difícil construir una argumentación jurídica que debe dar más valor al beneficio de la normalización de la convivencia en Cataluña que a la legitimidad de los poderes para juzgar unos hechos que fueron ilegales.

Si la ley de amnistía no compromete a la convivencia futura dentro de Cataluña y de Cataluña con España, que es prácticamente lo mismo, habida cuenta de la pluralidad de esa comunidad, si el mantra de lo volveremos a hacer –ho tornare a fer– sigue intacto, la concesión de ese olvido sólo sería el pago por siete votos para una investidura de una legislatura incierta. No sólo no merecería la pena, sino que se entendería, y con razón, como una humillación que dañaría a los demás poderes legítimos del Estado y a quien los invocó en su discurso del martes 3 de octubre de 2017, Felipe VI, cuando el Gobierno de Rajoy sucumbió ante los hechos del domingo anterior.

Puigdemont está lejos de ser un Tarradellas, aunque haya tratado de imitarle. No son de la misma madera. Junts tampoco es ERC, aunque si en aquel octubre de 2017 no se avino al pacto –estuvo a punto de convocar elecciones para evitar el 155– fue por la presión del partido de Oriol Junqueras y su amenaza de declararle traidor.