LA TRIBUNA ECONÓMICA

Joaquín Aurioles

Recortes

EL Gobierno se ha visto forzado a impulsar las mismas medidas que criticó abiertamente cuando estaba en la oposición, sobre todo, la subida de impuestos, y también las que han puesto en marcha en otros países, cuyas experiencias conviene revisar.

Portugal se ha atrevido con medidas impopulares, como la de cobrar 15 euros por atender las consultas básicas en las urgencias hospitalarias y 20 euros cuando se trate de un especialista. La subida del IVA ha llegado a multiplicar casi por cuatro la tarifa de algunos suministros básicos, como la electricidad o el gas, y han reducido el tiempo de prestación del subsidio de desempleo y la eliminación hasta 2018 de pagas extras a funcionarios y pensionistas que cobren más de 600 euros mensuales. Han conseguido recortar el déficit desde el 9,8% en 2010 hasta un espectacular 4,2 en 2011, por debajo del objetivo comprometido (5,9%). Las severas medidas parecían estar dando sus frutos, pero en el primer trimestre de 2012 las cifras han vuelto a descontrolarse y los hombres negros de la troika (BCE, FMI y UE) han considerado que para poder devolver en tiempo y forma el préstamo de 78.000 millones de euros, el gobierno portugués tiene que hacer más recortes. Lo más grave de todo es que estas medidas están hundiendo a Portugal en la recesión mucho más de lo que era previsible, llevando el desempleo al 15%.

Irlanda era el ejemplo de austeridad que debía seguir el resto de los países con problemas. También aquí los recortes comenzaron por el sector público, donde por cierto han desaparecido los coches oficiales y han puesto en marcha un nuevo despido masivo de 23.500 funcionarios para completar la reducción del 12% que dejaría la plantilla en 273.500 a la altura de 2015, para un país que tiene 4,6 millones de habitantes. También espera completar un recorte del 15% en los gastos sociales que, junto a otras "200 medidas específicas", que incluyen la revisión, es decir, el cierre, de 48 organismos dependientes del Estado, debería permitir hacer frente a la carga del préstamo de 85.000 millones de euros recibidos en concepto de rescate. Con un cierto exceso de optimismo, el gobierno irlandés esperaba crecer este año por encima del 1%. Confiaba en que la recuperación del flujo de inversiones extranjeras que permitieron crear 13.000 puestos de trabajo en 2011, pagar salarios por valor de 6.900 millones e impuestos sobre beneficios por 2.800 millones, contribuirían a conseguirlo, pero los datos de crecimiento de los dos últimos trimestres del pasado año fueron negativos y volvieron a hundir al país en la recesión, elevando el desempleo hasta el 14%. Por otra parte, nadie sabe cómo se va a resolver el problema de recapitalización de un sector bancario nacionalizado, cuyo coste se estima en torno a los 65.000 millones de euros.

La similitud entre las medidas impulsadas por el Ejecutivo español y las experiencias de Irlanda y Portugal deberían llevarnos a considerar que una condicionalidad excesiva puede resultar también irresponsable. Esto es algo que no va a preocupar en exceso a los gobiernos del norte de Europa, pero que debería estar nítidamente calibrado por parte del Gobierno de España.

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