Editorial

Rigor en la política sobre menores

EL Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a la Junta a indemnizar a una mujer sevillana, Carmen Espejo, a la que retiró la custodia de sus dos hijas de manera ilegal. La sentencia impone una indemnización de 40.000 euros a Espejo, la misma cantidad para cada una de sus hijas y 20.000 euros para la abuela de las menores, que cuidaba de ellas en el momento de retirada de la custodia. La resolución obedece a la reclamación patrimonial presentada por el abogado de Carmen Espejo por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y recuerda a la conocida sentencia sobre la fallecida Carmen Fernández, madre de Iván y Sara, igualmente indemnizada, aunque con la trágica circunstancia de que cuando se falló en última instancia el proceso había muerto víctima de una cruel enfermedad. Este nuevo caso se inició en julio de 2000 cuando la Junta separó a la mujer de sus dos hijas alegando que ambas padecían malnutrición y deshidratación y presentaban signos de maltrato. La madre sufrió un auténtico calvario debido a las dilaciones indebidas en el procedimiento judicial posterior, que se prolongó durante seis años: hasta ocho veces tuvo que presentar el letrado escritos denunciando el retraso judicial, sin recibir la respuesta adecuada. La reiteración de estas irregularidades pone de relieve, además del anormal ejercicio de la acción judicial, un funcionamiento defectuoso de los servicios de protección de menores de la Junta. Llevados de un celo extremado, que muchas veces se justifica por la defensa del menor en situación de abandono o maltrato, estos servicios pueden llegar a confundir el rigor necesario con una actuación unilateral que no tiene en cuenta lo suficiente las circunstancias personales de algunas personas. No es lo mismo el abandono que la dificultad de sustento y educación que se deriva de una situación de pobreza o crisis coyuntural. La protección de menores requiere una atenta vigilancia de cada caso en que éstos pueden sufrir mermas en sus derechos, pero hay que pensárselo dos veces antes de separar a una madre de sus hijos.

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