EL caso de los ERE ha dejado claro, al menos por lo que se sabe hasta ahora, que desde la Consejería de Empleo se permitió que en una dirección general anidara una red con comportamientos delictivos que, amparada en una sensación de impunidad terrible, hizo lo que quiso con el dinero público. Suficiente para, en palabras recientes de una dirigente socialista, abochornar al Gobierno andaluz y obligarle a pedir perdón. También ha evidenciado este asunto que se creó un sistema para ayudar a las prejubilaciones de empresas que lo necesitaban que no cumplía los mínimos requisitos de transparencia y publicidad exigibles y que fue expresamente cuestionado por la Intervención, reparos ignorados por quienes no debían de hacerlo.

Sentadas estas dos circunstancias, cuya gravedad y consecuencias tendrá en su momento que dilucidar la Justicia, es evidente que estamos también ante un caso con unas connotaciones políticas muy acentuadas y que está siendo utilizado por el Partido Popular como ariete en su lógica acción de desgaste contra el Gobierno andaluz.

Por eso, por ser un caso con fuerte componente político y bajo la lupa constante de la opinión pública, cualquier decisión que se adopte en torno a él y que se salga de carril es controvertida y polémica. Y claramente se sale de carril la medida adoptada por la instructora de reclamar todas las actas de los Consejos de Gobierno de diez años y exigir su custodia en dependencia judicial ante el temor de que pudieran ser alteradas o destruidas en la sede de la Junta. Es, de alguna forma, presuponer la culpabilidad del Gobierno andaluz hasta que demuestre lo contrario. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto esta semana un punto de racionalidad al oponerse a esta especie de causa general y pedirle a la juez que se limite a pedir las certificaciones necesarias para su investigación. En mi opinión, no exagera la Fiscalía al calificar desproporcionada la medida.

En España llevamos años asistiendo a instrucciones que en ocasiones parecen hechas buscando titulares de prensa y ventilando en los tribunales cuestiones más propias de la política. El fenómeno de los jueces estrella de la Audiencia Nacional y la importancia que muchas de sus decisiones han tenido para gobiernos y partidos, está ahí para demostrarlo. Una suerte de sacralización de las togas ha sido una de las características más específicas de la democracia española. Tenemos un Estado de Derecho suficientemente maduro como para que estos debates se abran paso. Seguro que así gana la calidad del sistema.