El Tribunal Supremo (TS) deliberaba el miércoles y decidía, aunque la sentencia no se conocerá hasta que no quede redactada, si procede o no ordenar la demolición del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico en Carboneras.

Una deliberación en la que se fijaba sí en casos como el de la polémica edificación puede declararse jurisdiccionalmente la nulidad de una licencia de obras, una vez que ya han sido anulados los instrumentos normativos en los que se basó su otorgamiento.

Con la sentencia en la mano, en uno u otro sentido, cabe preguntarse qué pasará ahora con un proyecto que llevará en marzo de 2023 la friolera de 16 años paralizado.

En el caso de que el Tribunal Supremo diga que no procede ordenar la resolución y fije que no puede "declararse jurisdiccionalmente la nulidad de una licencia de obras, una vez que ya han sido anulados los instrumentos normativos en los que se basó su otorgamiento, toca esperar un pleito que está pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para declarar la nulidad de dicha licencia.

Ahora bien, si el Supremo decide que "sí procede" derribar y que "sí puede declararse jurisdiccionalmente" la licencia de obras, toda vez que ya han sido anulados los instrumentos normativos en los que se basó su otorgamiento, habrá vía libre para el derribo.

El pasado mes de octubre, el consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, apuntaba que la la administración autonómica había vuelto a consignar este año en los presupuestos una partida de 1,1 millones de euros destinada al derribo del hotel, la misma cuantía que se incluyó en las anteriores cuentas, con cargo al programa de Información Ambiental y Dinamización Socioeconómica de la Consejería de Agricultura.

Fue en 2011, siendo presidente de la Junta José Antonio Griñán y ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, cuando firmaron un protocolo de colaboración para la demolición del hotel y posterior recuperación de la playa de El Algarrobico. Según este protocolo, el Estado tenía que abonar los 7.17 millones de euros correspondientes al derribo del hotel. La valoración la hizo la empresa pública Tragsa y la Junta sería la responsable de regenerar el entorno.

Aunque haya vía libre para el derribo, y se puede producir con sentencia en mano, quedará por resolver la indemnización que corresponde a la empresa promotora Azata del Sol, que contemplaría el coste de las obras y el lucro cesante de los 16 años que el proyecto lleva en dique seco.

Recordar, en este sentido, que la Audiencia Nacional rechazó en febrero de 2021 indemnizar a la propietaria con 70 millones de euros, al considerar que no quedaba acreditado que los daños económicos originados por la suspensión del proyecto sean imputables a la "desidia y desatención" del Estado.