El Tribunal Supremo ha hablado. El hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) gana la batalla judicial y seguirá en pie, por ahora.

Con esta sentencia se escribe otra página de la historia de la costa andaluza y la colosal huella del ser humano en ella. Pero esta polémica edificación no es la primera que pasa por los tribunales o que permanece enquistada con una fuerte oposición vecinal o de asociaciones medioambientales.

La demolición del Gran Hotel de Atlanterra, en la provincia de Cádiz, el 10 de enero de 2002 merece un capítulo propio en la guía de grandes mamotretos en el litoral. Después de tres décadas de litigios, pleitos y engorrosos trámites judiciales, el hotel gaditano, que fue construido en una zona de dominio público, pasó a la historia tras una voladura controlada realizada con 175 kilos degoma-2.

Explosión ejemplar en la costa, El hotel cae ajusticiado 30 años después y Operación Triunfo fueron algunos de los titulares que se leyeron al día siguiente de la demolición en Diario de Cádiz. "Un trueno hueco que retumba. Un penacho de humo sale por un ala del edificio que, de repente, queda completamente envuelto en una inmensa nube de polvo blanco y macizo que, cuando desaparece por el azote del fuerte viento de Levante, deja a la vista una montaña de escombros", así comenzaba la crónica de esta gran demolición.

El entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, fue el encargado de apretar el botón del detonador a las once de la mañana sin que sonaran los tres toques de sirena que estaban previstos para advertir de la detonación. En apenas unos segundos, las nueve plantas del edificio, con unos 45.000 metros cuadrados de superficie, se vinieron abajo. 

Imagen del momento del derribo con explosivos del Gran Hotel Atlanterra, en 2002.

El derribo del hotel, un edificio de nueve plantas a medio construir que nunca llegó a entrar en funcionamiento, fue el punto y final de un litigio iniciado por un vecino de Sevilla propietario de una vivienda en la zona que denunció la usurpación de terrenos de dominio público por una parte del edificio.

El hotel no llegó a construirse en su totalidad porque una sentencia del Tribunal Supremo decretó su paralización cautelar, coincidiendo con la quiebra de la promotora. Poco tiempo después de la demolición, en esta parcela, pero no en el mismo lugar, ya que es zona de dominio público marítimo-terrestre, se levantó un hotel de cinco estrellas perteneciente a la cadena Meliá.

La demolición del hotel de Prasa en Estepona

El segundo capítulo de esta guía de aberraciones urbanísticas es para la demolición de la estructura del edificio de la empresa Prasa que iba a albergar un hotel en primera línea de la playa de La Rada, en Estepona. Su derribo se produjo en febrero de 2008. 

El edificio de Prasa empezó a gestarse durante el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL). En 1996 el Ayuntamiento de Estepona firmó un convenio con el propietario del solar, Acasa, donde se contemplaba una modificación de elementos en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para casi quintuplicar la edificabilidad de la parcela y otorgarle 22.000 metros cuadrados de techo para un hotel. En 1999 se aprobó esta modificación del planeamiento y unos meses después se le concedió a una sociedad del grupo Prasa, Estepona Beach 2000, la licencia para edificar.

El 11 de julio de 2003, cuando el edificio era ya un esqueleto de hormigón de siete alturas sobre un solar de 3.569 metros cuadrados, la Demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, paralizó las obras porque parte de la estructura invadía el dominio marítimo terrestre, entre otros incumplimientos. Prasa logró en los tribunales que el coste del derribo, 1,2 millones de euros, no saliera de su bolsillo. Finalmente, Medio Ambiente pagó la factura del derribo de este vestigio del GIL. 

Una obra abandonada a su suerte en La Antilla

En el capítulo de sinsentidos urbanísticos se encuentra un edificio inacabado y abandonado desde hace más de 40 años a pie de playa en La Antilla. El edificio, que en un principio iba a contar con varias viviendas, se encuentra actualmente en un estado grave de inseguridad e insalubridad. El 15 de septiembre de 1980, un promotor privado inició las obras de este edificio que se paralizó un año después, sin terminar, porque ocupaba un terreno de dominio público marítimo-terrestre. La propiedad fue expropiada por Costas, por lo que, actualmente, tanto el suelo como la propiedad pertenecen al Estado, que debería demoler el edificio para restaurar las condiciones naturales de la zona. La obra se encuentra en suelo no urbanizable, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Lepe.

La acumulación de escombros y basura y la presencia de ratas y okupas protagonizan hoy la imagen de este edificio. Los vecinos de la zona llevan años pidiendo su demolición.

Una parcela privilegiada en El Palmar maldita

En la pedanía vejeriega de El Palmar, en la provincia de Cádiz, existe un proyecto hotelero que, aunque es legal, ha estado siempre envuelto en la polémica y ha sido muy criticado por los vecinos. 

A finales de 2001, la cadena hotelera Riera Marsá anunció a bombo y platillo un proyecto hotelero en una parcela privilegiada de El Palmar. Los inmuebles proyectados iban a estar situados a 200 metros de la costa, tal y como exige la ley, y no taparían el frente litoral porque la parcela es perpendicular a la playa. Sin embargo, aunque el plan ha contado con el beneplácito del Ayuntamiento de Vejer, siempre hubo críticas de colectivos ecologistas, llegando a crearse incluso la plataforma ciudadana Salvar El Palmar. 

Más de 20 años después, el proyecto parece emerger como un eco resort de lujo y el inicio de las obras de construcción se anuncian ahora para el próximo año de la mano de la cadena hotelera Millenium. Este proyecto lleva tantos cambios, tantos parones y tantas fechas incumplidas que hasta que las máquinas no estén en funcionamiento en esa zona de Malcucaña, nadie creerá que termine siendo una realidad.

Una gran residencia de estudiantes en Sevilla

Lejos de la costa también hay proyectos urbanísticos envueltos en polémica. Uno de ellos, es una gran residencia de estudiante que se levanta actualmente a toda velocidad en plena Avenida de la Palmera de Sevilla capital. La Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico - Artístico de Andalucía (Adepa) ha anunciado que llevará ante la Justicia este edificio que se alza en el paseo regionalista porque, según la entidad patrimonialista, inclumple hasta 20 artículos del PGOU sevillano.

Desde Adepa y otras asociaciones, como Palmera Agenda 2029, advierten que este mamotreto se puede convertir en un Algarrobico en plena Sevilla, por ello solicitarán que se paralice la construcción como medida cautelar.