SE sorprenden algunos observadores de que en España el nivel de contestación social sea muy bajo, dadas la penuria económica y la falta de expectativas que asuelan la vida de millones de personas, la merma de ingresos que soportan los empleados públicos y las empresas dependientes del gasto público, y la reducción de la acción asistencial del Estado y de sus filiales en el territorio. Quizá por ello se sobrevaloran algunas acciones menores pero muy simbólicas, siempre queriendo ver en ellas algo parecido al comienzo de las revueltas fiscales griegas.

¿Qué sucede pues, que no nos rebelamos? Es una conjunción de muchos factores, incluida la inutilidad percibida de tal esfuerzo, pero entre ellos hay tres fáciles de identificar, al margen de que en realidad se mantiene en gran medida la potencia asistencial del Estado. El primero, quizá el más importante, es que sigue funcionando la institución básica de protección y cuidado, que no es otra que la familia compartiendo sus ingresos, muchas veces tan sólo una pensión, y lo hacen no por una imposición legal sino partiendo del ejercicio libre del amor y la responsabilidad.

El segundo factor es que está revelando toda su eficacia el libre ejercicio de la solidaridad entre las personas, a lo que las religiones llaman caridad y lo que los estatalistas denuestan precisamente porque no es obligatoria y pública. Esto es lo que vemos en la acción de Cáritas -que no es lo mismo que la Iglesia- y en los bancos de alimentos. El espléndido resultado de la acción de las personas lo vemos, por ejemplo, en el programa Tiene remedio de Canal Sur, en el que el talento y el entusiasmo suplen con creces su gran modestia de medios. Cada emisión -confieso que me he emocionado alguna vez- es una lección de libertad y del enorme alcance que tienen las acciones individuales. Algo parecido habíamos conocido en el recordado programa radiofónico Ustedes son formidables, emitido durante diecisiete años hasta 1977. Luego, ya lo saben, lo público comenzó a crecer y a abarcar cada vez más espacios antes propios de las personas, impulsado por una ideología socializante que creía poseer la supremacía moral y a la que, en consecuencia, le era debido el gobierno del país salvo breves períodos dedicados a la renovación de sus dirigentes, que no a la de su pensamiento -esto es imposible-. Esta socialización de la solidaridad personal ha tenido numerosas traducciones, por ejemplo mediante programas públicos de asistencia en el interior y cooperación exterior no siempre muy justificables, y dio lugar a una profusión de ONGFG (Organizaciones No Gubernamentales Financiadas por el Gobierno) no necesarias, como la de los excursionistas catalanes que se montaban unas vacaciones de aventura (pagadas por otros) para transportar por el camino más difícil unos medios de ayuda que podían ser remitidos por barco. Por cierto ¿nos habrán devuelto aquellos coroneles tapioca el coste de su rescate?

La acción personal de ayuda tiene su máximo exponente en EEUU, el país capitalista por excelencia, sin que ello sea una paradoja. Existen allí casi un millón de public charities, con un volumen de gasto de 1,45 billones (europeos) de dólares en 2010 según The Nonprofit Almanac 2012 y por sí solas las diez más importantes suman más de 10.000 millones de dólares según Charity Navigator. Todo ello dentro de un sector de organizaciones no lucrativas compuesto por 2,2 millones de entidades, una por cada 175 ciudadanos, que cuentan con 62,8 millones de voluntarios. Toda una lección. Naturalmente que se benefician de exenciones fiscales (no totales) y sus donantes tienen derecho a deducciones, pero la regulación es muy exigente: no pueden ser propietarios u operar negocios lucrativos significativos, han de hacer públicos unos informes anuales de auditoría y de conducta similares a los de las organizaciones lucrativas y han de cumplir algunos requerimientos de contabilidad específicos. Es decir, más o menos la misma información y controles que se establecen sobre las organizaciones sindicales en España, ayunas de la transparencia que tanto reclaman en otros.

Y el tercer factor es la propia consciencia de los ciudadanos ante los límites del Estado en su acción asistencial y promotora de la actividad económica, que se han revelado con toda su dureza ante la incapacidad de mantener los niveles alcanzados recurriendo al endeudamiento financiero o a la elevación de impuestos, aunque en esto siguen quedando contumaces como los socios de gobierno en la Junta de Andalucía, que en realidad engañan a los ciudadanos tratando de hacerles creer que hay margen fiscal o enormes bolsas de fraude al alcance de la inspección. Claro que una menor intensidad asistencial o una menor compra pública provoca rechazo en quien era su beneficiario, esto es natural, sin perjuicio de que esta misma persona denuncie los beneficios indebidos que a su modo de ver otros estén obteniendo del Estado.

Todo esto no significa, en modo alguno, que la sociedad deba o pueda reemplazar al Estado. Más bien a lo que asistiremos, ya lo estamos haciendo, es a una revisión del alcance y de la profundidad de las acciones del Estado y a la forma en que éstas son organizadas y realizadas, en el camino de un nuevo balance entre la responsabilidad personal y la asistencia del Estado, por una parte, y entre la asunción privada o pública de determinadas actividades colectivas, por otra. La salida de la crisis, cabría decir, requiere la gran conjunción de una mayoría de ciudadanos conscientes de la realidad; un mejor Estado, más potente pero mucho más delgado; reformas profundas en casi todos los órdenes de la actividad económica y, quizá sobre todo, muchos más buenos empresarios. Y todo esto está al alcance de los españoles, si no malgastamos la energía en resucitar a las taifas o en distraernos con pseudoideologías más mediáticas que resolutivas.