La tribuna

Manuel Clavero Arévalo

Treinta años de Constitución

HOY hace treinta años del 6 de diciembre de 1978, en que se celebró el referéndum de la Constitución española vigente. Su elaboración duró año y medio, ya que empezó a poco de quedar constituidas las Cortes Generales, tras las elecciones del 15 de junio de 1977. Estas elecciones no tuvieron carácter constituyente, pero casi todos los partidos que participaron en ella proclamaron en la compaña electoral su propósito de elaborar una nueva Constitución tan pronto quedaran establecidas las Cortes Generales.

Se debatió si el proyecto de Constitución debería ser remitido por el Gobierno o encomendado a una comisión de expertos, llegándose a la conclusión de que el proyecto de Constitución se elaborara por una comisión de parlamentarios que quedó formada por los diputados Herrero Rodríguez de Miñón, Pérez Llorca y Gabriel Cisneros, por UCD; Manuel Fraga, por Alianza Popular; Peces Barba, por el grupo socialista; Roca Junyent, por Convergencia i Unión, y Jordi Solé Tura, por el grupo comunista. Se criticó que no estuviera ningún representante del PNV.

En el año y medio que duró la elaboración de la Constitución, el Gobierno de España, en el que tuve el honor de estar, afrontó muy serios problemas, como, entre otros, los asesinatos de ETA, que eran más de cien al año, con grandes reacciones ciudadanas; la inflación de dos dígitos por la crisis del petróleo, con las lógicas reclamaciones sindicales; el restablecimiento de la Generalitat, la creación de las preautonomías y la continua amenaza de un golpe militar. El Gobierno, los partidos parlamentarios, los sindicatos y organizaciones empresariales aprobaron los llamados Pactos de la Moncloa, que allanaron mucho el camino hacia la Constitución en el terreno político, económico y laboral.

La elaboración de la Constitución tuvo que abordar difíciles cuestiones y en su debate crearon problemas la introducción del término nacionalidades en su artículo 2, la restauración de la Monarquía, que algunos querían que fuera objeto de un referéndum independiente; la bandera de España, el derecho a la educación, en el que la falta de acuerdo paralizó los trabajos; el que las Fuerzas Armadas tuvieran como misión garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado.

Sin embargo, la cuestión de más difícil consenso fue el título VIII dedicado a las Comunidades Autónomas, en el que se debatió desde el derecho a la autodeterminación, que fue rechazado por gran mayoría, hasta que hubiera dos clases de Comunidades: una, la de Cataluña, el País Vasco y Galicia, y la otra, las demás.

Esta distinción, ajena al Derecho Constitucional español, no nos satisfizo a algunos y conseguimos incluir el artículo 151, por el que cualquier Comunidad que superase los requisitos rigurosos que en él se establecían tendría una autonomía plena, como Cataluña, el País Vasco y Galicia. Promulgada la Constitución, sólo Andalucía consiguió la autonomía por el artículo 151 citado.

Otro tema que dió lugar a amplio debate y que motivó que el PNV se abstuviera en la votación de la Constitución y en el referéndum, fue la disposición adicional primera que, tras proclamar el respeto y amparo a los derechos históricos de los territorios forales, estableció que su actualización se llevara a cabo en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Los nacionalistas vascos no admitían que la Constitución estuviera por encima de los derechos históricos de los territorios forales. Justo es decir que muchos de los temas polémicos en los que no hubo consenso inicial se superaron en las negociaciones que llevaron a cabo Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra.

A los treinta años de la Constitución cabe preguntarse sobre su importancia en la vida española y, en primer lugar, hay que destacar su larga vigencia, algo inusual en el constitucionalismo español, ya que sólo se ha modificado su artículo 13.2 para permitir a los no españoles el sufragio pasivo en las elecciones municipales por razones de reciprocidad. Durante su vigencia, España ha alcanzado las cotas más altas de su historia en las libertades y en el desarrollo económico y social, y aunque ello no se deba a la Constitución, en parte lo ha hecho posible. A los treinta años de su vigencia ya están en política generaciones más jóvenes de las que la hicimos y pueden intentar mejorar una buena Constitución, entre otros temas el de la igualdad de sexo para acceder al trono, la reforma del Senado, cerrar el Estado de las autonomías e introducir nuevos derechos fundamentales relacionados con las nuevas tecnologías. No será tarea fácil, porque la reforma constitucional no lo es y, además, porque son temas que necesitan el consenso que tuvo la Constitución de 1978.

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