EL alcalde electo de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha reivindicado en los días previos a su investidura, que se celebrará este sábado, la necesidad de replantear el trazado de Metro que tenía previsto ejecutar la Junta de Andalucía, aunque todavía sin fecha ni marco financiero definido. El planteamiento del nuevo regidor se sustenta en el aval obtenido en las urnas -20 de 33 concejales- y en la necesidad de que el ferrocarril urbano discurra en su totalidad soterrado. La propuesta entra dentro de lo razonable: el representante institucional de la ciudad tiene perfecto derecho, y hasta la obligación, de analizar dicho proyecto y, en su caso, negociar con la Administración autonómica las cuestiones que estime necesarias. Sería deseable, sin embargo, que dicho proceso (que hay que acometer en clave institucional) sea realista y lo más transparente posible para que los ciudadanos puedan enjuiciar los argumentos de ambas partes, en especial en lo que a su impacto económico se refiere. Mucho más en un momento de crisis y cuando los presupuestos públicos están condicionados por los criterios de reducción del déficit. La red de Metro diseñada por la Junta es mejorable, aunque en esta negociación también hay que sopesar qué modelo de ferrocarril puede permitirse realmente la ciudad. Parece lógico que el diseño del Metro no puede considerarse cerrado con el estricto mecanismo de participación ciudadana utilizado -las alegaciones- pero, igualmente, tampoco debe despreciarse todo el trabajo técnico realizado. Los tramos en superficie previstos por la Junta son mínimos, aunque las extensiones hacia los barrios más periféricos de Sevilla son mejorables. La dificultad para hacer avanzar ahora el proyecto se encuentra más en el capítulo de la financiación que en el del diseño, que debe concebirse integralmente, no sólo en función de cuál sea el itinerario concreto elegido para el casco histórico de Sevilla, atendido ya tanto por la línea existente como por dos de las que aún hay que construir.