Editorial

El abuso en la sanidad pública

EL presidente de la Organización Médica Colegial, Juan J. Rodríguez Sendín, ha lanzado en un foro la propuesta de que los ciudadanos paguen por el mal uso de los servicios sanitarios públicos. Sendín, que representa a los colegios de médicos de toda España, se mostró abiertamente en contra de la fórmula del copago por acudir a la consulta y a favor de modular el copago farmacéutico de los enfermos crónicos, pero defendió un sistema de sanciones para aquellos que abusan de la asistencia sanitaria universal y gratuita, por ejemplo visitando de manera reiterada e injustificada las urgencias hospitalarias, no retirándose de las listas de espera cuando ya han sido atendidos o despreocupándose de recoger las pruebas diagnósticas a las que se han sometido. El primer capítulo, el de las urgencias innecesarias, constituye una de las causas fundamentales del colapso de estos servicios en casi todos los hospitales de España. Las propuestas del dirigente de la organización médica han sido acogidas con rechazo por las asociaciones de defensa de la sanidad pública y con indiferencia por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, deben ser analizadas con serenidad y, desde luego, suponen una aportación al debate que existe en la sociedad española sobre el futuro del sistema de salud público, enfrentado a unos ingresos limitados frente a unos costes crecientes como consecuencia, sobre todo, del envejecimiento de la población y el aumento del bienestar y el nivel de vida. Merece la pena que este debate se afronte antes de que sea demasiado tarde. Y su objetivo habría de ser el mantenimiento de la sanidad pública a pesar de la crisis y la política de austeridad, mantenimiento que acabará siendo imposible si no se adoptan medidas para ajustar los costes. Precisamente lo que hay que buscar es que el ahorro no se consiga a base de deteriorar los servicios básicos que se prestan a los ciudadanos, que deben ser intocables, sino mediante la racionalización de los gastos en las prestaciones secundarias y la lucha por evitar el abuso y el despilfarro que se producen alrededor de recursos que, en definitiva, son escasos por definición. La iniciativa de Rodríguez Sendín no merece, pues, ni el desprecio ni el rechazo instintivo con que suelen despacharse las propuestas innovadoras con respecto al funcionamiento institucional establecido, sino, por el contrario, la consideración de elemento para el debate y el contraste con otras posiciones a fin de buscar soluciones a los problemas irresueltos de la sociedad española. No es el menos grave, repetimos, el que supone el déficit de financiación del sistema de atención sanitaria del que, con toda lógica, nos enorgullecemos.

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