EL real decreto-ley por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF) enfrenta el principal problema con que hoy nos encontramos: proporcionar financiación adecuada a las empresas y a las familias. Dicho decreto crea un fondo público que comprará préstamos a las entidades financieras; de esta manera, los préstamos salen del activo del balance de las entidades y el FAAF, nutrido por el Tesoro Público, les proporciona un flujo de liquidez. Es importantísima la mención que se hace en la exposición de motivos de que, para esta operatoria, primará el crédito nuevo otorgado a partir del 7 de octubre de este año, con lo que se quiere estimular ya la concesión de créditos. La cantidad de 30.000 millones de euros, ampliable hasta 50.000, parece suficiente; además, se recoge con precisión el funcionamiento y el control administrativo y parlamentario del fondo. Sólo resulta peculiar que la referencia a los préstamos nuevos aparezca en la exposición y no en el articulado del texto legal.

Es difícil exagerar las dificultades por las que atraviesan las empresas y familias españolas. En esto coinciden todas las fuerzas políticas, y resulta gratificante ver cómo la idea que desde hace más de un año hemos mantenido en estas páginas, sobre cualquier otra, de dar prioridad a empresas y familias en las medidas de política económica ha calado, aunque tarde, en la discusión sobre la crisis. En los momentos actuales el riesgo mayor que existe es la desconfianza entre entidades financieras y empresas, y empresas entre sí; si esta desconfianza se extiende tendremos un calco de lo ocurrido en el sistema financiero, una situación en la que nadie financia, subcontrata, descuenta, suministra, por temor a la insolvencia de la otra parte.

De la misma manera que el Estado ha intervenido como garante del funcionamiento del sistema financiero, tiene que hacerlo ahora con la empresa. Ante el riesgo que llamamos sistémico, y que afecta al funcionamiento de la economía y la convivencia, la solvencia máxima la representa el Estado y sus instituciones económicas, y en ellas están puestas todas las expectativas. En tres ámbitos podrían intervenir para facilitar la vida de empresas y familias. El primero, pagando inmediatamente todo lo que deben las administraciones públicas, lo cual no solamente sería un gran alivio financiero y de liquidez, sino que generaría seguridad; el segundo, en conjunción con los países del área del euro, implantar el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo como único tipo válido en los contratos, si es que el Euríbor sigue siendo un índice no representativo, que lleva a innecesarios costes financieros para empresas y familias; y tercero, que la estructura tributaria agilice pagos y retrase cobros. Es obvio que también las administraciones autonómicas y locales tendrán que realizar el esfuerzo que todo esto exige y adaptarse a la nueva realidad, porque la cuestión no es continuar con las mismas prácticas y funcionamiento, ni siquiera corregir errores y, menos aún, organizar la economía y sociedad del futuro, sino plantearse cómo sobrevivir hoy y salvar la situación en lo que nos queda de este año 2008.