la tribuna

Francisco Del Río

La atención a la salud mental, en peligro

HOY 10 de octubre se celebra, como todos los años, el Día Mundial de la Salud Mental. Lo importante este año es defender el modelo de atención sanitaria y social que, debido a la crisis económica, está en riesgo de demolición. Cierto es que en unas comunidades autónomas más que en otras, pero precisamente por eso hay que hacer un esfuerzo por preservar lo logrado en Andalucía como modelo avalado internacionalmente.

El proceso de reforma psiquiátrica acaecido en Andalucía en los últimos veinticinco años tiene una trascendencia sin precedentes. En este periodo se ha modificado por completo el modelo de atención, transformando un modelo de beneficencia en uno integrado en el sistema sanitario público general, con el reconocimiento de todos los derechos de atención a las personas que sufren algún trastorno mental. Todo ello ha estado enmarcado en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha seguido lo que la evidencia científica ha demostrado satisfactorio para la recuperación de estas personas.

El impulso recibido en la última década ha sido decisivo para el desarrollo de los servicios, si bien puede decirse que no se ha logrado la consolidación de la estructura implantada, pues no se ha creado plantilla, es decir, la gran mayoría de profesionales incorporados en este tiempo lo han hecho mediante contrataciones temporales, lo que supone que en un momento determinado pueden recortarse los contratos o, en el peor de los casos, dejar de formar parte de la estructura, o sea la extinción definitiva. Y ese momento ha llegado: desde el pasado 1 de septiembre se les ha recortado el contrato en un 25% a los profesionales eventuales del Servicio Andaluz de Salud.

El impacto de esta medida en los servicios de Salud Mental es de tal calibre que pone en cuestión no solo la cartera de servicios actual -como puede suceder en otros servicios-, sino incluso la viabilidad del actual modelo de atención. Se estima en más de doscientos los profesionales afectados; la inmensa mayoría, más del 60%, psiquiatras y psicólogos. A este recorte hay que añadir el que sufren los profesionales temporales de Faisem -fundación pública que provee recursos sociales- por la aplicación del Decreto-Ley 1/2012, sobre las diferentes medidas para el reequilibrio económico-financiero; y, abundando en esta faceta, también hay que destacar los recortes de recursos provenientes de la ley de dependencia que afectan directamente a Faisem como institución, que no podrá crear nuevos servicios y, por otro lado, a pacientes, pues al dificultar el acceso a recursos sociales específicos mediante el requerimiento que se exige en las nuevas valoraciones, no podrán acceder a servicios fundamentales: viviendas, casas hogar, centros de día, etc.; de tal forma que en la actualidad se da la paradoja de que determinados pacientes que están alojados en viviendas o asisten a un centro de día no cumplen los requisitos de valoración.

Los recortes en los contratos de los profesionales eventuales afectan en general a todos los servicios sanitarios, pero en mucha menor medida que en los servicios de Salud Mental, no sólo por el volumen de profesionales afectados y la merma en los servicios sociales específicos, como se ha dicho, sino por la distribución territorial de los servicios y la alta diversidad de carteras disponibles: atención a la infancia, atención comunitaria, hospitalizaciones, diferentes abordajes psicoterapéuticos, etc. Todo ello hace que la pérdida sea cualitativamente mucho mayor, pues los distintos profesionales que intervienen en los distintos nodos de la red no son intercambiables en el territorio y tampoco se podrían acumular tareas tan distintas para un mismo profesional.

En este marco, el modelo comunitario de salud mental -avalado por la evidencia científica disponible en cuanto a resultados de integración y recuperación- corre el riesgo de ser sustituido por un modelo de consultas masificadas, olvidando la rehabilitación y marginando de nuevo a los pacientes más graves a instituciones cerradas donde se renuncia de forma irreversible a la recuperación de esas personas.

Los profesionales, usuarios y familiares debemos defender lo conseguido en Andalucía y no permitir el desmantelamiento de las estructuras sociosanitarias implantadas para evitar, por un lado, el riesgo de marginación y exclusión social de personas con trastornos mentales graves y, por otro, la asistencia precaria de los trastornos mentales comunes.

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