LA vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, tiene previsto sacar adelante en el Consejo de Ministros del día 26 el Fondo de Reestructuración para bancos y cajas de ahorros que, con una dotación de 9.000 millones de euros, dará soporte jurídico a la operación de rescate de algunas entidades que lo necesitan a pesar del pregonado optimismo oficial sobre la solidez del sistema financiero español. Es, pues, una muestra de realismo y sensatez que el Gobierno se haya decidido a acometer este plan de ayudas a bancos y cajas en dificultades o susceptibles de pasarlas a medio plazo. El fondo, según ha explicado Salgado en Santander, supondrá, en el caso de las cajas, que las inyecciones de capital público que reciban tendrán forma jurídica de cuotas participativas con derechos políticos, a ejercer por el Banco de España, que podría hacerse cargo de la gestión de las entidades socorridas mientras no estén en condiciones de devolver las ayudas. El aspecto más polémico de los proyectos gubernamentales para el fondo radica, sin embargo, en la asunción por el Banco de España de la potestad de promover fusiones de cajas radicadas en distintas comunidades autónomas, sin que los gobiernos regionales correspondientes puedan interponer el veto al que tienen derecho. Esta facultad, de llevarse a la práctica, supondría una especie de suspensión por decreto de la vigente ley de cajas, justificada por el interés público, pero de difícil encaje en la normativa. Es de destacar, en nuestro caso, que la competencia sobre la ordenación de las cajas de ahorros andaluzas es atribuida en exclusiva a la Junta de Andalucía en el actual Estatuto de Autonomía, con rango de ley orgánica. Ya la Junta se ha pronunciado expresamente contra la posibilidad apuntada por el Gobierno de privarla de su derecho de veto sobre fusiones entre cajas andaluzas y cajas de otras regiones. Por otra parte, desde el punto de vista político, no es aventurado afirmar que la iniciativa que el Gobierno se dispone a poner en marcha la semana que viene va a generar la oposición frontal de las autonomías, independientemente de la adscripción de quienes las gobiernan..