La tribuna

Francisco J. Ferraro

Las balanzas de la discordia

Tenía razón el vicepresidente Pedro Solbes cuando se resistía a elaborar una balanza fiscal oficial porque "plantearía confrontaciones de todo tipo", pues la publicación el pasado martes por el Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) de las balanzas fiscales de las CCAA no ha satisfecho a nadie, poniendo de manifiesto las discutibles metodologías de elaboración y la pasión que provocan los debates territoriales.

Como es sabido, con las balanzas fiscales se estima la diferencia entre los ingresos tributarios que percibe el Estado de los ciudadanos de un territorio y el gasto y la inversión en ese territorio. Un ejercicio cargado de polémica, pues, aunque se ha reiterado que la redistribución territorial está basada en los mecanismos de redistribución personal de la renta (es decir, pagan más los más ricos y reciben más los de menor renta), los resultados trascienden al ámbito territorial, propiciando lecturas e intereses enfrentados.

El MEH ha estimado las balanzas fiscales con dos metodologías distintas (la del flujo monetario y la de carga-beneficio), y para cada una de ellas ha realizado tres supuesto, lo que proporciona seis balanzas fiscales. Aunque los resultados difieren entre ellas, en líneas generales vienen a coincidir con las anteriormente realizadas: las comunidades más ricas (como Madrid, Cataluña y Baleares) son las que más aportan y las comunidades con menor nivel de renta (como Extremadura, Asturias o Galicia) las que más reciben. Sin embargo, la entidad de los saldos es notablemente inferior a las estimaciones anteriores; particularmente en el caso de Andalucía, comunidad para la que anteriores balanzas fiscales estimaban el saldo a su favor entre el 10 y el 20% del PIB, mientras que el saldo medio de las seis estimaciones del MEH es del 4%.

Por otra parte, la regla según la cual las comunidades menos desarrolladas tienen un superávit fiscal mayor y las de mayor renta un déficit más elevado está lejos de ser perfecta. La excepción más significativa corresponde al País Vasco y, en menor medida, a Navarra. Comunidades que encabezaban el ranking en renta por habitante y cuya contribución a la solidaridad interregional es prácticamente nula en el caso vasco y muy reducida en el navarro, consecuencia del sistema específico de financiación y de la generosidad política hacia estos territorios por los distintos gobiernos de la nación. En bastante menor medida este desequilibrio también ocurre a favor de Aragón, mientras que en Cantabria y Castilla y León sus saldos fiscales superavitarios refuerzan su renta per cápita por encima de la media española, lo contrario que le ocurre a la Comunidad Valenciana y a la de Murcia, con déficit fiscal y renta inferior a la media.

Entre las comunidades con mayor saldo deficitario las diferencias no son tan elevadas, pero parece que Baleares es la que mayor esfuerzo realiza en relación a su renta, seguida por Cataluña y Madrid.

De las comunidades con saldos fiscales más favorables destaca Extremadura, que es la de menor renta, pero la restante ordenación de los saldos no guarda ninguna relación con la renta, pues la segunda es Asturias, con un nivel de renta casi igual a la media española, mientras que Andalucía, que es la segunda comunidad con menor renta por habitante, se sitúa en el séptimo lugar en superávit fiscal, siendo superada por comunidades más ricas, como Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha y Canarias.

Si tenemos en cuenta este hecho y que el saldo de Andalucía (5.054 millones de euros en 2005) es sólo ligeramente superior a los fondos europeos recibidos por la región (3.642 millones de euros de media anual en el periodo 2000-2007), concluiríamos que Andalucía prácticamente no se beneficia de los mecanismos de redistribución nacional de la renta, por lo que el comentario del consejero Griñán de que se acaba el mito de la Andalucía subsidiada estaría cargado de razón.

Los resultados han sido acogidos con críticas por casi todas las comunidades. Desde los que no le reconocen valor (Extremadura) o la consideran intrascendente (Castilla y León), hasta las que se sienten peor financiadas (Baleares, Comunidad Valenciana) o deducen que el modelo de financiación autonómica "es injusto e insuficiente" (Cataluña). Lo cierto es que aporta munición a los dos grupos de comunidades que se están constituyendo frente al nuevo modelo de financiación: las de mayor renta por una parte y los de menor renta por otra, independientemente de las ideologías o partidos que respalden sus gobiernos.

En Andalucía ha predominado la prudencia entre los responsables públicos, pero aun conscientes de sus discutibles resultados, estas balanzas fiscales son un poderoso indicio de que el trato fiscal que está recibiendo nuestra comunidad es injusto y no guarda proporcionalidad con su nivel de renta.

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