LES ocurre, antes o después, a todos los imperios. Incluso a aquellos que caen con un estrépito silencioso (si me permiten la paradoja expresiva) similar a su siempre excesiva vocación de eternidad. Dejan demasiadas cosas por terminar, a medias. Muestras de que bajo las apariencias de un poder que parecía eterno y que un buen día, de pronto, se esfuma, siempre hay un esqueleto. El extenso osario de la era Monteseirín, convertida ya en pasado reciente, camino de un acelerado pretérito siempre imperfecto, tiene en la biblioteca universitaria del Prado de San Sebastián, diseñada por la iraquí Zaha Hadid, miembro de la selecta galaxia de los arquitectos interestelares, una de las muestras más categóricas de que la obsesión de algunos políticos por intentar pasar a la historia a cualquier precio casi siempre implica el pago (ajeno) de una factura imposible.

El Tribunal Supremo ha decidido esta semana enterrar definitivamente este proyecto después de que un juzgado de instrucción lo paralizara cautelarmente en agosto de 2008 y, casi un año después, en junio de 2009, de que el TSJA decidiera poner en cuestión el fondo del asunto: la decisión política de restar 4.000 metros cuadrados a un parque para instalar un edificio de lo que algunos llaman vanguardia arquitectónica. Cuestión de términos.

Las obras realizadas (por valor de 4 millones de euros, sin contar con el lucro cesante y las indemnizaciones que ahora habrá que asumir para compensar a la empresa constructora) deberán demolerse. Y el Prado, el antiguo y mítico ejido histórico de la Sevilla extramuros, fruto de una de las controversias urbanísticas más reveladoras de la Sevilla reciente, volver a ser recuperado en su integridad como una zona verde y pública. Una operación que, evidentemente, también supondrá un importante desembolso económico.

El episodio parece un merecido epílogo a un fin de siglo de libro. La biblioteca del Prado, promovida por la Hispalense, es uno de los ejemplos más gráficos de la singular connivencia entre los distintos poderes locales, frente al interés de los ciudadanos, que ha marcado los doce últimos años de gobierno municipal, caracterizados por las componendas (no precisamente edificantes) entre diversos sectores que se arrogaban la representación plena (no así formal, o incluso política) de la ciudad. Circunstancia que muestra la singular forma de concebir la democracia que se practica en Sevilla y, probablemente, en otras partes. En esto, me temo, tampoco somos especiales. Más bien previsibles.

Conviene retroceder un poco, antes de entrar a analizar los argumentos del Supremo, para poder entender las claves de esta operación política. Pues la idea de ubicar en El Prado esta dotación universitaria no fue nunca una decisión urbanística (aunque exigiera acometer un cambio en la normativa para darle sustento) ni consecuencia de la libre iniciativa de la institución docente. No. Aunque ahora será la Hispalense la encargada de pagar sola la factura, cosa que deja en una situación bastante comprometida al actual rector, todo deviene de la voluntad de Monteseirín de tener diseminados por Sevilla un ramillete de proyectos e hitos que marcaran su vocación secreta, después más que evidente, de convertirse en una suerte de Napoleón.

El Plan General de Ordenación Urbana, en sus inicios, contempló crear este equipamiento universitario en el Prado pero respetando los jardines consolidados durante el mandato como alcaldesa de Soledad Becerril, aunque como resultado de una decisión de los andalucistas, entonces todopoderosos en la Gerencia de Urbanismo. El parque lo inauguró la ex alcaldesa por cuestiones de azar pero fue un mérito de su antecesor, Alejandro Rojas Marcos. Su polémica gestión nos dejó el Metro (aunque el precio a pagar fuera Monteseirín) y un Prado público (aunque cercado) y verde.

La primera propuesta municipal para la biblioteca central consistió en ubicarla bajo la glorieta del Cid, donde también estaba previsto hacer un gran aparcamiento que jamás se licitó. Después, a la vista de la escasa colaboración institucional, se buscó una localización alternativa cerca del edificio de Capitanía. Sólo a última hora, en los últimos documentos del PGOU, se optó por el viraje que terminó situando el edificio universitario al Sur del Prado de San Sebastián, precisamente sobre la zona verde ganada (no hay que olvidarlo nunca) a ciertas propuestas especulativas fruto del urbanismo que casi siempre se ha practicado en Sevilla.

¿Por qué se hizo este cambio? Nadie lo llegó a explicar del todo. Cuando esto sucede siempre es por la misma razón: no conviene que se sepa. La realidad es que el Ayuntamiento, y más concretamente el escudero usual del anterior regidor, animó directamente a la Universidad para que hiciera este edificio y no otro. El rectorado, movido por el vicio de la vanidad, aceptó la diabólica oferta sin reparar en sus trampas: el coste y el riesgo. Señal de que fue fruto de un pacto de apariencias mutuas es un detalle: la Universidad, aunque ha resultado ser al final una de las instituciones más beneficiadas por el PGOU, nunca tuvo un papel protagonista en su gestación. Cosa de las endogamias académicas: la Oficina del Plan General tuvo más interés que la propia Hispalense en pactar su expansión. Le costó hasta trabajo hacerlo dada la soberbia posición de partida de la Universidad. El acuerdo final sólo se cerró cuando el anterior rector, cuyo número dos entonces era el actual, se presentó a su reelección. Se pasó entonces de no tener criterio a tener sencillamente interés. Algo mucho más peligroso.

La Universidad cogió pues el caramelo envenenado (ya había voces que se oponían a destruir un parque para hacer una biblioteca) y, junto al Ayuntamiento, despreció a los ciudadanos críticos alegando que no podían oponerse al Quattrocento sevillano. El Consistorio, una vez convencida la Universidad, se quitó sospechosamente de en medio: pactó que fuera la institución docente quien solicitara el cambio de calificación urbanística (anulado ahora por el Supremo) y no le dio licencia (el hacedor en cuestión pasó por Urbanismo) hasta que la Hispalense, en un gesto sorprendente, aceptó dejar de pedir una indemnización si la obra, como al final ha ocurrido, se paraba. El rectorado asumió todo el pack de la biblioteca sin el minimo sentido de la prudencia. Y algo más: a pesar de no compartir el riesgo con el Ayuntamiento, que era lo lógico, no dudó en exigir una fianza económica brutal a los ciudadanos que presentaron la denuncia en contra el proyecto. Como se decía las Escrituras: fuerte con los débiles; débil con los fuertes.

El resto es conocido: la obra se inició, los juzgados la pararon y, pese al tiempo transcurrido, el Supremo ha terminado dando la razón a los vecinos. No tanto porque el Ayuntamiento no pueda ser discrecional a la hora de calificar urbanísticamente un determinado suelo, sino porque en esta cuestión ha sido arbitrario, quizás por su dogmática creencia de que el interés general de una sociedad siempre es lo que decide a su antojo un alcalde.

Un gobierno local, cualquiera, representa a la mayoría política en un momento dado (cada cuatro años) pero no puede anular a las minorías. El interés general es distinto al antojo oficial. Según los jueces, aquí consistía en no destruir un parque existiendo (como existían) otras alternativas. Si las cosas se hubieran hecho sin prepotencia, sin vanidad, Sevilla hoy no tendría que volver a recuperar el Prado y la biblioteca estaría ya abierta. Se cosecha lo que se sembró. Lo más gracioso de todo es que uno de los responsables de la existencia de esta ballena varada, una vez terminada su vida política municipal, vaya a terminar cobrando de la misma institución que tendrá que asumir en solitario todo el quebranto económico de su capricho. Inaudita paradoja de la vida.