La tribuna

Juan Clavero

El cáncer de las viviendas ilegales

LA proliferación de urbanizaciones y viviendas ilegales se ha convertido en un cáncer en toda Andalucía. Recientemente el Defensor del Pueblo ha llegado a calificar de "hecatombe ecológica" la construcción indiscriminada en suelo no urbanizable. Los impactos son evidentes: devora territorios y paisajes, genera un modelo de ciudad extensivo e insostenible, agudiza los problemas de la movilidad urbana, encarece los servicios públicos, incrementa los consumos de agua y la contaminación de los acuíferos y, además, genera corrupción y termina por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico.

En contra de lo que suelen asegurar los máximos responsables institucionales y de los partidos políticos, la ilegalidad es la norma en el urbanismo andaluz. El hecho de que sean minoría los alcaldes y concejales detenidos y procesados es debido a que la generalización de la ilegalidad hace crecer la impunidad. Muy pocos ayuntamientos se salvarían de una auditoría urbanística.

¿Qué ha pasado para haber llegado a esta situación límite? El crecimiento incontrolado de viviendas e infraestructuras ilegales en la periferia de los núcleos urbanos, a lo largo del litoral y en muchas zonas serranas protegidas como espacios naturales no es entendible sin la pasividad, cuando no abierta complicidad, de los responsables municipales y de la propia Junta de Andalucía. La mayoría de los partidos políticos han apoyado descaradamente este fenómeno con un electoralismo lamentable. La disciplina urbanística ha sido la gran ausente en la gestión municipal.

Sólo cuando aparecen detenciones o sentencias judiciales el debate se reabre, y Junta y ayuntamientos responden con promesas de legalización de todo lo construido ilegalmente, lo que agrava el problema por este efecto llamada. El esperpento ha llegado a tal límite que los ayuntamientos han convertido a las asociaciones de propietarios de viviendas ilegales en interlocutores válidos a la hora de modificar planeamientos en su provecho.

La medida más eficaz contra el urbanismo ilegal es la prevención. Ayuntamientos y Junta deben colaborar para paralizar todo proceso de parcelación o construcción ilegal desde sus inicios, imponiendo las medidas sancionadoras y de restauración de la legalidad estipuladas en la legislación vigente, y convirtiendo en normal la demolición de todo lo ilegalmente construido. La legalización debe ser la excepción y, sólo en los casos en que estas urbanizaciones ilegales entren dentro del modelo de ciudad compacta mediterránea, hayan prescritos las infracciones y/o delitos, no se hayan construido en suelos protegidos o usurpando terrenos públicos, cuenten con disponibilidad de agua…

La regularización de las urbanizaciones ilegales debe realizarse bajo el principio de que construir ilegalmente no puede salir más barato que hacerlo legalmente. Por ello, y en esto insiste el Informe del Defensor del Pueblo, deberán hacerse cargo no sólo de los costes de urbanización, sino también de la parte correspondiente de las infraestructuras (carreteras de accesos, variantes, conducciones de agua potable y residuales…) que, de no existir estas urbanizaciones ilegales, nunca se hubieran construido. También deberán garantizar las cesiones de suelo para los viales, equipamientos, zonas verdes… e incluir el 30% de viviendas de protección oficial (VPO) y la cesión del 10% de edificabilidad al Ayuntamiento a que obliga la ley.

Pero lo que pretende la mayoría de propietarios de viviendas ilegales -muchas, de segunda residencia- es que el coste de su regularización recaiga en todos los ciudadanos. En los primeros procesos de legalización que han iniciado Junta y Ayuntamientos (El Palmar y Chiclana, en Cádiz) los propietarios se han movilizado para no pagar ni cesiones, ni infraestructuras; como mucho, aseguran estar dispuestos a financiar parte de la urbanización interna. ¡Es el colmo de la desfachatez!

La lucha contra el urbanismo ilegal tiene que ir pareja a la oposición total a ese otro urbanismo legal que ha planificado nuestras ciudades a golpe de talonario y al dictado de los especuladores, y al fomento de políticas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos. Para ello hay que garantizar la construcción de las VPO que demande la población, viviendas sociales para las rentas más bajas, viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler con opción a compra, y destinar suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos necesarios.

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