EL debate sobre la capitalidad de Sevilla va a ser una de las cuestiones claves del próximo curso político. No cabe ninguna duda. El nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido, lleva diciendo desde que llegó a la vida municipal (hace ahora un lustro) que entre sus proyectos prioritarios figura la reivindicación de una ley de capitalidad (con su correspondiente traducción presupuestaria) ante la Junta de Andalucía. La propuesta, cuyo sesgo político es evidente, busca que la actual administración autonómica se retrate después de décadas durante las cuales la capitalidad política de la región ha sido aceptada de forma más o menos tácita pero no rotunda. Suficiente. Efectiva.

Que Sevilla es la capital de Andalucía no sólo es un hecho evidente -en términos económicos, de población, políticos- sino que responde sencillamente a la historia. Aunque hasta ahora el PSOE, al frente de la Junta de Andalucía, se haya limitado a enterrar esta cuestión recogiéndola en el Estatuto de Autonomía, sin desarrollarla desde el punto de vista jurídico. ¿El motivo? El pavor a la reacción que en otras capitales andaluzas provocaría una decisión política firme de avanzar por esta senda. Andalucía nunca ha sido una región cohesionada desde el punto de vista social ni territorial (pese a los avances de los últimos años) y los intereses del resto de virreinatos provinciales, en muchos casos en manos de dirigentes socialistas, aconsejaban dejar la cosa tal y como estaba. Algo que, obviamente, perjudica a Sevilla casi desde el día en que la Exposición Universal de 1992 cerró sus puertas. Desde entonces hasta ahora, el déficit de inversión (estatal y autonómica) en la provincia es patente. No hay más que ver los datos oficiales.

¿Cambiará esta situación el PP? Está por ver. El vuelco que se ha producido en las últimas elecciones municipales, en las que el partido conservador ha logrado teñir de azul el mapa político local, parece dar a entender que nos hallamos ante el preludio de un cambio político de mayor nivel cuya cima sería la conquista de la Junta de Andalucía. Quedan todavía diez meses para que se despeje esta incógnita (a pesar de lo que señalan las encuestas electorales) pero lo cierto es que no está garantizado que un cambio de color en el Gobierno andaluz vaya a suponer una apuesta (decidida y cierta) por la capitalidad sevillana.

Que Juan Ignacio Zoido, como punta de lanza de la ofensiva del PP contra la Junta, reivindique ahora la capitalidad entra dentro de lo lógico. Es una reclamación que permite coger en un renuncio al PSOE, que no tiene en su agenda legislativa inmediata ninguna ley de capitalidad. Al tiempo, permite al nuevo alcalde soñar con conseguir un colchón económico extraordinario para su primer mandato (en caso de cerrar un acuerdo, algo improbable) con el que podría salvar la delicada situación de las arcas municipales.

Claro que, aunque el discurso del PP en Sevilla sea éste, incluido el de su presidente, Javier Arenas, los populares todavía no han conseguido la necesaria puesta en escena: todos sus alcaldes y presidentes de diputaciones avalando la consolidación de la capitalidad sevillana. Hasta que esta imagen no se produzca, más allá de las palabras, y acompañada de los correspondientes hechos, el discurso del PP sobre la capitalidad estará teñido de un cierto interés partidario. La incógnita debe desvelarse: ¿la capitalidad de Sevilla es un proyecto de Zoido o del PP andaluz?

Si echamos la vista atrás, cosa que en política suele ser aconsejable, se cae en la cuenta que durante los gobiernos de Aznar el avance por el sendero de la capitalidad fue más bien escaso. Aunque la competencia en relación a esta cuestión es de índole autonómica (y entonces, como ahora, la Junta estaba en manos de los socialistas) por parte del Gobierno central no hubo, salvo en el caso de Madrid y Barcelona, interés alguno en mejorar el estatus económico globalde las grandes ciudades, grupo en el que evidentemente se encuentra Sevilla. Resulta pues evidente que toda la discusión, a nivel político, quiera centrarla el PP en el ámbito andaluz. Siendo el más cercano, no es el único, ya que la estructura de ingresos de una capital como Sevilla no depende únicamente de la Junta, sino sobre todo del caudal de tributos y transferencias presupuestarias que vienen de Madrid. La capitalidad de Sevilla no es pues cosa exclusiva de San Telmo, sino también de Moncloa, cuyo interés por la situación financiera de (todos) los ayuntamientos es secundario, por no decir nulo. Algo que sólo puede explicarse dado el escasísimo peso político de la ciudad hispalense en el mapa nacional.

Con independencia de la discusión política, parlamentaria e incluso económica, existen otras fórmulas para consolidar la capitalidad hispalense por la vía de los hechos consumados. Consiste tanto en la presencia de las máximas instituciones autonómicas (el Parlamento, la presidencia de la Junta y otros organismos regionales) como en un programa de inversión sostenido en infraestructuras que hagan irreversible (como todavía creen poder lograr otras urbes andaluzas, especialmente Málaga) el camino de la capitalidad sevillana. El primer aspecto de la estrategia se logró hace décadas. Otra cuestión es el segundo: en este campo la Junta ha evitado siempre dar un trato diferencial a Sevilla con respecto a otras provincias. Prueba de ello es la construcción del Metro: Sevilla tuvo que asumir un modelo, similar al de otras urbes andaluzas, que para nada tenía en cuenta el factor singular de la antigua ley del Metro o las tres décadas (vanas) durante las cuales ni el Estado ni el entonces creciente poder autonómico quisieron oír nada de este proyecto. La línea 1, la única que existe, se construyó exclusivamente por un pacto político coyuntural con los andalucistas, que situaron al Metro como condición para ceder la Alcaldía en 1999 al PSOE. Si no se hubieran producido estas circunstancias, aún estaríamos esperando el Metro. Lo mismo que vamos a tener que esperar para ver la red completa metropolitana.

Junto al Metro, hay otra obra clave para Sevilla desde el punto de vista de la capitalidad: la conexión de AVE con Andalucía Oriental a través del aeropuerto de San Pablo. Estos días la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón, ha desvelado en el Parlamento que su departamento congelará sine díe dicho proyecto, que ya estaba en marcha y, aparentemente, salvado de los recortes en el capítulo de inversiones que está marcando la agenda política de las administraciones públicas. Cruz Villalón, que ya hizo lo mismo en relación al Metro en plena campaña electoral (corrigiendo sus afirmaciones después de la intervención del candidato socialista, Juan Espadas), afirma no renunciar a la conexión regional, aunque no se compromete en nada más, incluida la unión de San Pablo con Santa Justa. El PP, a través del concejal de Economía, Gregorio Serrano, ha hecho bandera reivindicativa de esta conexión ferroviaria. Hace bien. No sólo en términos partidarios (erosionar a la Junta), sino también ciudadanos. La capitalidad de Sevilla pasa forzosamente por el aeropuerto de San Pablo, cuya potencialidad depende de convertirse en el aeródromo de referencia de Andalucía Occidental, tarea para la que necesita una conexión de transporte de alta capacidad de la que siempre ha carecido. Los populares han anunciado que aportarán soluciones para que el proyecto salga adelante. Habrá que analizarlas. Pero si la Junta no cambia de criterio, y con independencia de que la polémica pueda beneficiar al PP a diez meses de las autonómicas, Sevilla será una de las pocas urbes españolas que, con una línea de Metro y un tranvía, seguirá teniendo un aeropuerto conectado con su núcleo urbano con una lamentable red de autobuses o un servicio de taxis más que deficiente. ¿Que ciudad del mundo renuncia al planificar sus inversiones a que su red de transporte público no conecte de forma directa, con el menor número de transbordos posibles, sus dos principales centros de comunicación, que son la estación de tren y el aeropuerto? Sólo Sevilla. La Gran Sevilla. Algo de locos.