LA ministra de Fomento, Ana Pastor, desveló ayer que el Gobierno negocia con las autoridades europeas y la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) para endurecer el régimen de sanciones a las aerolíneas que incumplan la normativa o cometan irregularidades en la prestación de sus servicios. Pastor ha elogiado la existencia de vuelos de bajo coste y la competencia entre compañías aéreas en beneficio del usuario, pero ha subrayado que no se permitirán los vuelos de "baja seguridad". El pronunciamiento de la ministra se ha producido inmediatamente después de conocerse el incidente de despresurización de la cabina de un avión de la compañía irlandesa Ryanair. Esta empresa, la primera en vuelos en los aeropuertos españoles (transporta treinta millones de personas al año) en base a una política de precios reducidos, ha protagonizado en realidad 1.200 incidentes en seis meses en territorio nacional, la mayoría de ellos en relación con los derechos de los pasajeros y las normas sobre reservas de combustibles. No obstante, algunas de las incidencias han afectado a la seguridad del pasaje, lo cual es suficiente motivo para la preocupación de las autoridades, que topan con la existencia de una tipificación y cuantía de las sanciones excesivamente benigna, de tal modo que Ryanair y otras compañías incumplidoras prefieren pagar las multas a resolver los problemas de fondo que las provocan. Ésta es la situación con la que se debe acabar a corto plazo. Las compañías de low cost, que han democratizado espectacularmente el transporte aéreo y acaparado una buena porción de este mercado, no pueden disfrutar de una patente de corso para vulnerar los derechos de sus clientes. Sobre todo, no pueden escudarse en los precios módicos de sus viajes para arriesgar la seguridad de los pasajeros, la primera condición ineludible para el ejercicio legítimo de su actividad. El Ministerio de Fomento debe ser inflexible y forzar una legislación severa a nivel internacional.