PUEDE que el Gobierno tenga algo de razón cuando señala que la mayor parte del daño que podían causar los factores desencadenantes de la crisis financiera ya está hecho y que en unos meses habrán quedado completamente desactivados. Seguramente es cierto que las hipotecas no se van a endurecer más a corto plazo, que el ritmo suicida de endeudamiento de los hogares de los últimos años se encuentre definitivamente detenido y que la mayor parte de los ajustes inmobiliarios estarán ya realizados o a punto de culminarse. Puede que todo esto sea verdad, pero no es menos cierto que el grifo del crédito está cortado y que va a seguir así durante bastante tiempo, que el consumo, especialmente el de bienes duraderos, ha entrado en hibernación y que los bancos y cajas de ahorros se enfrentan a un escenario de morosidad, que desde alguna entidad se anuncia como preocupante para los próximos meses, y con necesidades de financiación que últimamente se resuelven en las subastas de crédito a corto plazo del Banco Central Europeo. Se puede aceptar, por tanto, que el periodo de máxima actividad del virus de la crisis puede haber pasado o estar a punto de hacerlo, pero también habrá que reconocer el estado de debilidad en que nos ha dejado, especialmente a la banca, que nos enfrentamos a una mayor exposición a nuevos contagios y que todo esto nos obliga a descartar la proximidad de una recuperación completa.

La prensa especializada publicaba estos días que durante el pasado mes de diciembre la banca española había solicitado 44.000 millones de euros de préstamos de liquidez al BCE, que es más o menos el doble de lo habitual en el pasado y también el aumento relativo más importante de toda la banca de la zona euro. La noticia obliga a insistir en la solidez de los indicadores del solvencia en el sector y en que buena parte del riesgo concentrado en el mercado hipotecario se encuentra disperso por medio mundo en forma de derivados cedidos a otras entidades financieras.

Habrá que aceptar, en consecuencia, que los problemas de liquidez de la banca española siguen estando relacionados con la desconfianza de las propias entidades a prestarse dinero entre ellas, una señal, por cierto, nada estimulante para el mercado; pero sobre todo con la dificultad de captar pasivos a través de las fórmulas habituales. En un escenario de incertidumbre que afecta incluso a la evolución a corto plazo de los tipos de interés y con el ahorro de los particulares en niveles mínimos, los bancos no parecen tener más opciones que las de entrar en una guerra de pasivos, aceptar una temporada de actividad reducida o pedir prestado al BCE. La elección de cada cual dependerá de sus particulares condiciones de solvencia, aunque es probable que la decisión se vea afectada por la sugerencia del Banco de España de limitar el crecimiento del beneficio en 2007, a pesar de haber sido un buen año en su conjunto, y aprovechar para dotar generosas provisiones de cara a las dificultades que cada vez parecen más inevitables y que seguramente obligarán a plantear de nuevo el debate sobre la fusión de las cajas andaluzas.