la esquina

José Aguilar

Un debate sí y otro no

EL sistema institucional español, como el de otros países democráticos, otorga a las dos cámaras de representación política nacional, Congreso y Senado, dos tareas fundamentales: legislar y controlar al Gobierno.

La configuración territorial del Estado y la falta de lealtad institucional entre los partidos políticos llevan con frecuencia a hacer visible y activa a otra cámara de control que no estaba prevista en la Constitución: los parlamentos autonómicos. Basta con que el partido o los partidos dominantes en un parlamento regional sean de distinto signo al que gobierna a nivel nacional para que se arroguen la facultad, de la que carecen jurídicamente, de controlar también al Ejecutivo de España.

Un ejemplo se acaba de producir en Andalucía. En la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento -de guardia durante las vacaciones parlamentarias- celebrada el jueves los dos grupos que respaldan al Gobierno andaluz (PSOE e IU) acordaron, y sacaron adelante gracias a su legítima mayoría, la convocatoria de un pleno extraordinario de la Cámara autonómica para debatir los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy (y aprobados por el Congreso, que es donde se tienen que discutir y votar). El objetivo es, claro, que esa misma mayoría rechace el ajuste. El Partido Popular, con mayoría relativa, también respaldó la iniciativa. Unanimidad, pues.

Sería incluso aceptable esta utilización del Parlamento andaluz para cuestiones de política nacional (al fin y al cabo, hay ocho millones de andaluces afectados por las tijeras de Rajoy) si no fuera por que en la misma sesión de la Permanente los gobernantes PSOE e IU se opusieron a la propuesta del PP de celebrar otro pleno sobre la situación financiera de Andalucía y su plan de ajuste específico. Puestos a comparar, me parece este debate más pertinente que el otro, más ajustado al ámbito de competencias del Parlamento autonómico. Algún portavoz de la coalición gobernante en la Junta insinuó que el ajuste andaluz sería más bien objeto propio del Debate sobre el estado de la Comunidad, previsto para Dios sabe cuándo, pero no antes del otoño.

¿Qué razón existe para impulsar un debate y negarse a otro? Ninguna que sea distinta a la pura conveniencia de socialistas e izquierdistas, decididos a convertir el Parlamento de Andalucía en uno de los tres arietes institucionales básicos de la oposición periférica a Mariano Rajoy (los otros dos son los gobiernos de Griñán y Patxi López). Todo vale para el convento de la confrontación con el malvado PP. Incluso meterse en competencias ajenas sin cumplir la elemental obligación de ejercer las competencias propias.

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