Hoja de ruta

Ignacio Martínez

Un delito deshonroso

UN general, un jefe y un oficial del Ejército español han sido condenados a diversas penas de cárcel por empaquetar a treinta compañeros sin identificar, muertos en la tragedia del Yak-42, y repartirlos a voleo entre los familiares con muy mala suerte: ni por casualidad uno solo de los 30 acabó en manos de sus auténticas familias. El ministro de entonces, Federico Trillo, intentó por todos los medios evitar que el juicio por las falsas identificaciones se produjera y, sobre todo, que le afectara directamente. Primero sus colaboradores trataron de ocultar la principal prueba de cargo del caso: el acta turca en la que consta que el general Navarro se llevó del lugar del accidente 32 cuerpos identificados y 30 sin identificar. Después pretendieron anular el acta o declararla ilegal. Más tarde, propusieron a los forenses turcos que asumieran la culpa por el error de identificación, a lo que se negaron. Finalmente tres militares españoles han sido condenados por un delito particularmente deshonroso.

Este es el último episodio de la tragedia en la que murieron 75 personas, el 26 de mayo de 2003, cerca del aeropuerto turco de Trebisonda: allí se estrelló el avión chatarra de fabricación soviética, con 20 años de antigüedad y escaso mantenimiento, alquilado por el Ministerio de Defensa para repatriar a militares desde Afganistán. Trillo rechazó ayer asumir responsabilidad alguna por lo sucedido, dijo que los médicos militares actuaron de buena fe y que no comparte la sentencia. Para él, todo ha sido muy limpio.

La no asunción de responsabilidades es marca de la casa. Trillo fue el estratega jurídico de la defensa que el PP de Aznar hizo del caso Naseiro. Consiguió que se declararan ilegales las escuchas de 5.240 llamadas telefónicas y se quedara castigo penal un claro caso de corrupción en el PP valenciano. Ahora el ex ministro de Defensa actúa como asesor en la sombra de Camps, a cuyos abogados aconseja que pidan la nulidad de las grabaciones que constan en el sumario del caso Gürtel. Ya veremos qué conejo se saca de la chistera hoy el presidente de la Generalitat de Valencia, en su declaración ante el juez. Las grabaciones demuestran que Camps, su mujer y su hija, recibieron regalos por valor de varios millones de pesetas de la trama corrupta y que su Gobierno le dio contratos de varios millones de euros a las empresas de Correa. Si una cosa se puede vincular con la otra, Camps sería imputado por cohecho. De momento, el presidente valenciano se ha limitado a organizar baños de multitudes en los que distintos colectivos le han jurado adhesión inquebrantable. La intensidad con la que su equipo se dedica a esta tarea es directamente proporcional a su debilidad. Aunque él, como su amigo Trillo, rechaza cualquier responsabilidad. Todo ha sido limpio, impecable; como sus trajes, como su sonrisa.

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