Editorial

El deterioro de la Justicia

LA sanción impuesta al juez Rafael Tirado por la desastrosa gestión que hizo su juzgado de la ejecución de una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz ha provocado una crisis institucional en la que desde el poder político se está arremetiendo duramente contra el gobierno de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es acusado de haber actuado con criterios corporativos y alejados de la sensibilidad que en la opinión pública ha provocado un caso tan grave. El desarrollo que está tomando este asunto supone un golpe más para el prestigio del recién renovado Consejo, una institución que ha visto cómo se ha deteriorado su imagen a la largo de los últimos años. El hecho de que la Justicia, los errores en su aplicación y su falta de efectividad como servicio público, se convierta en el centro del debate político es algo que no favorece al fortaleza del sistema democrático. Parece evidente, sin embargo, que se ha llegado a una situación que requiere medidas efectivas que ayuden a consolidar un poder fundamental del Estado. Sería absurdo, como se está intentando desde alguna instancia política, responsabilizar en exclusiva a los jueces del problema que se ha creado. Las culpas hay que buscarlas también en la utilización partidista que han hecho los políticos hasta convertir la Justicia en lo que es hoy.

La pretensión del PSOE de llevar al presidente del CGPJ, Carlos Dívar, al Congreso para pedirle cuentas por el caso Mari Luz es sencillamente absurda porque como presidente que lo es también del Tribunal Supremo tendrá que intervenir en la revisión de la decisión del Consejo. Pero parece, que, en estos momentos, todo vale con tal de forzar la máquina. Para superar esta situación el Gobierno tendría que dar la máxima prioridad a acometer reformas estructurales en la administración de justicia, que la hagan funcionar como lo que tiene que ser: un servicio público esencial que dé respuesta a la demandas de los ciudadanos. Un servicio público no puede funcionar si no se ponen a su disposición los medios adecuados. La modificación del régimen disciplinario de los magistrados es una pieza importante de esa reforma, pero no la única ni la más importante. Mientras tanto, es responsabilidad de todos los que intervienen en ella parar el deterioro que está sufriendo la Justicia.

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