DURANTE años, el modelo autonómico español ha sido observado con lupa desde el resto del mundo. La España de los años 70 no sólo se enfrentaba al reto de implantar una democracia sobre una dictadura de más de 40 años, sino también sustituir la administración de un estado centralista por otra marcadamente descentralizada. Sin duda un campo de experimentación único para analistas políticos y estudiosos del federalismo, comparable al que la Unión Europea y el euro han proporcionado a quienes investigan sobre los procesos de integración económica y monetaria. El desarrollo autonómico ha tenido que convivir con dos crisis que han golpeado con especial virulencia a la economía española, pero que no han conseguido frenar su vertiginoso ritmo de integración en el conjunto de las occidentales, aunque la responsabilidad principal haya que atribuirla a otros acontecimientos, como la entrada de España en la Comunidad Europea a mediados de los 80.

El modelo autonómico español sigue constituyendo, por tanto, una valiosa referencia para los constitucionalistas de todo el mundo, aunque su prestigio haya caído significativamente de un tiempo a esta parte. Desde luego se le reconoce su capacidad para acoger y encauzar energías políticas que estaban incrustadas en la sociedad, al menos en algunos territorios, y que esto ha llevado a desarrollar una especie de competencia entre las regiones para capturar los impulsos de crecimiento del conjunto. Entre las críticas hay que destacar la permanente referencia a los costes de funcionamiento, aunque las estadísticas internacionales insistan en lo contrario. El gasto público en España se sitúa en este momento en el 45% del PIB, muy cercano al 44,5% del conjunto de la OCDE y desde luego por debajo de otros países ejemplares, especialmente del centro y norte de Europa. Lo más significativo, sin embargo, es que España ha estado tradicionalmente por debajo de la media de la OCDE y que es en 2010, es decir, en plena crisis, cuando por primera vez, desde el cambio de siglo, se supera. Algo parecido ocurre con la presión fiscal, un poco mayor que en el conjunto de la OCDE durante los últimos años de la burbuja inmobiliaria, pero inferior en los posteriores, y con el endeudamiento del sector público.

La mayor parte del proceso autonómico ha sido por tanto compatible con una gestión equilibrada del conjunto de las finanzas públicas, por lo que tampoco habría que mirar hacia ellas a la hora de buscar los fallos del sistema. Podría considerarse, por ejemplo, la incapacidad de los grupos políticos para encontrar una solución de cierre a la iniciativa que permitiera acabar con la permanente sensación de inestabilidad.

También han fallado los elementos de coordinación institucional, entre cuyas consecuencias habría que incluir el fracaso en la afirmación de algunos principios básicos de convivencia, como el de unidad de mercado, la neutralidad territorial del sistema fiscal o la solidaridad entre las regiones, aunque quizás la mayor frustración sea que las diferencias de prosperidad entre las regiones siguen siendo más o menos las mismas que hace tres décadas.