LA remisión a los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana de las diligencias realizadas por Baltasar Garzón en el caso Gürtel, tras haberlo solicitado la Fiscalía Anticorrupción por la condición de aforados de algunos de los investigados, va a permitir que el escándalo de corrupción surgido en el entorno del Partido Popular adquiera su justa dimensión, más allá de las filtraciones procedentes del sumario presuntamente secreto y las rotundas negativas de la dirección del PP. Garzón tendría que haberse inhibido con anterioridad para hacer posible esta clarificación y permitir, como es de justicia, la defensa de los imputados. De lo actuado hasta ahora parece deducirse la inexistencia de una trama organizada desde la cúpula del PP para financiarse como partido mediante la extorsión a determinados empresarios, contratistas y proveedores a los que se hubiera beneficiado desde las instituciones dominadas por esta organización. En cambio, sí existen indicios sólidos de que en el entorno del PP se montó una trama de individuos sin escrúpulos que han estado haciendo negocios en ayuntamientos y gobiernos autonómicos del PP gracias a sus relaciones de amistad e influencias con cargos públicos del principal partido de la oposición. No son casos aislados los protagonizados por la organización delictiva auspiciada por Francisco Correa, que se incrustó en el PP durante la época en que este partido gobernó España. Las dimisiones obligadas de cuatro alcaldes de importantes localidades de Madrid y de un consejero y otros cargos de dicha Comunidad Autónoma, además de la de un concejal de Estepona, reflejan una implicación extensa del PP en la trama, aunque el grado de complicidad, conocimiento o relación de cada uno de ellos habrá de ser establecido por la Justicia. Algunas de las imputaciones hechas por Baltasar Garzón parecen más fundamentadas que otras. En cualquier caso, la dirección popular no debería escudarse en la instrucción supuestamente irregular dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional para rechazar cualquier responsabilidad política en un asunto que dista mucho de ser normal. Las retiradas de alcaldes y otros cargos públicos durante los últimos días apuntan a que el PP pretende dejar a salvo su honradez colectiva y, para ello, no tendría que temblarle el pulso a Mariano Rajoy para apartar el grano de la paja y limpiar la organización de aquellos elementos que hayan acudido a ella para beneficiarse personalmente a su sombra.