FINGIR desconocimiento para evitar responsabilidades o explicaciones sobre situaciones engorrosas, vergonzosas o todavía peores. El objetivo puede ser diferir en el tiempo la adopción de medidas ingratas o con elevados costes políticos o personales, como ocurrió con Zapatero cuando, en lugar de mirar de frente a la crisis, decidió hacerse el sueco, confiando en que los problemas se resolverían en poco tiempo. También se puso de lado Europa hace más de una década, cuando se tuvo conciencia de que las circunstancias para la creación de una moneda única no eran las más apropiadas o cuando se aceptó la entrada de Grecia en el euro, a pesar de no reunir ninguna de las condiciones establecidas y de conocerse que falseaban las estadísticas.

Quienes decidieron mirar hacia otro lado en lugar de hacer frente a los problemas no sólo no consiguieron evitarlos, sino que la factura que finalmente se presentó al cobro venía incrementada en los correspondientes intereses de demora. Sin embargo, no siempre es así. También existen evidencias, o al menos una amplia convicción, de que muchas facturas se pierden por el camino y que en un país donde la justicia tiene tantas dificultades para moverse por los entresijos de la maraña política e institucional, la estrategia de hacerse el sueco puede dar resultado en muchas ocasiones. Algunas de las sentencias más mediáticas de los últimos tiempos (Mata, Malaya, Camps, Prestige, Fabra, …) han resultado decepcionantes porque han frustrado las expectativas de reparación del daño provocado sobre intereses públicos o sociales. La justicia llega hasta donde puede, es decir, hasta donde se puede probar, pero la sensación es que con demasiada frecuencia termina deteniéndose en terrenos excesivamente alejados del núcleo duro del problema, impidiendo una sanción proporcionada al tamaño del saqueo al Ayuntamiento de Marbella, la reparación del dislate del aeropuerto de Castellón o una compensación adecuada al desastre del Prestige.

Los máximos responsables del PP, PSOE y UGT también han decidido confiar en la estrategia de mirar hacia otro lado para gestionar sus problemas internos de corrupción. Una decisión arriesgada pero que, a la vista del desenlace en otros casos similares, puede dar resultado, sobre todo, cuando se observa como en el entorno de los casos Bárcenas, ERE, Invercaria o UGT las responsabilidades de partido y de gobierno terminan confundiéndose. Me indigna el conformismo de las instituciones con su propia incapacidad para detectar escándalos de subvenciones fraudulentas o facturas falsas, que salen a la luz gracias a la denuncia, casi grotesca por lo evidente, de los medios de comunicación. A pesar de todo, y más allá del grado de implicación personal de sus máximos dirigentes, cuesta trabajo aceptar que tanta irregularidad pretenda resolverse como una simple cuestión de incompetencia en la elección de colaboradores cercanos, pero sobre todo que quienes se postulan para recibir la confianza de españoles y andaluces en la administración de sus intereses colectivos, hayan sido tan indolentes en la gestión sus propios intereses personales y corporativos.